Comenzamos el año 2023 con una buena noticia. El bajo interés por estudiar carreras de pedagogía se revierte respecto del año anterior, y son más de 13 mil estudiantes los que optaron por formarse como educadoras y educadores. Esto significa el aumento de un 51,5% (5.270 estudiantes), respecto del año anterior. Las carreras con mayor crecimiento fueron educación diferencial, pedagogía en ciencias y educación física.
¿Cómo sostener esta tendencia? La preocupación por un eventual déficit de docentes en nuestro país amerita abordar, al menos, cuatro ejes para el desarrollo e impulso de esta profesión. Primero, lo que podemos hacer para identificar y fortalecer, desde la enseñanza media, estudiantes con disposición hacia la pedagogía. Sabemos que persisten prácticas de “orientación vocacional” donde a los estudiantes con mayores logros académicos e interés por la enseñanza se les desincentiva para elegir esta profesión.
Segundo, redoblar esfuerzos durante la formación inicial para preparar en los dilemas y desafíos del trabajo docente, sin pesimismo, pero tampoco con ingenuidad. A su egreso las y los docentes necesitan haber desarrollado un conjunto de capacidades para responder a la escuela y las niñas, niños y jóvenes de hoy.
En tercer lugar, para frenar el déficit docente es imperativo fortalecer la inducción profesional. Lo que fue establecido como un derecho para las y los docentes egresados en la Ley 20.903 es quizás la mayor urgencia y necesidad en nuestro país. Abundan las investigaciones que refieren a la deserción de la profesión antes de los primeros cinco años. En este contexto, hoy sabemos que iniciarse en la docencia tiene caminos distintos, y las experiencias nacionales e internacionales indican que los apoyos y la mentoría en esta etapa determinan fuertemente la permanencia de los docentes en el sistema.
Finalmente, un cuarto eje de acción está en mejorar las culturas institucionales y condiciones laborales del profesorado. Esto implica no sólo la reivindicación salarial; falta avanzar en mejores ambientes profesionales, con resguardo de horas no lectivas para preparar la enseñanza y para el desarrollo profesional, con más espacios de participación y toma de decisiones democráticas dentro de las escuelas y con el trabajo colaborativo entre docentes y los apoyos profesionales para la docencia. Esto implica, decididamente, una revisión de la ley que en abril ya cumple 7 años desde su promulgación.
En el escenario actual es prioritaria una toma de decisiones de política trascendente, no utilitaria y funcional, no reactiva, sino integral y de más largo aliento, basada en evidencia, no sólo contingencia, y que contemple estas cuatro dimensiones, al menos.
Tatiana Cisternas, Andrea Ruffinelli, Solange Gorichon, Soledad Montoya, Cristóbal Madero, académicos del Programa de Investigación: Docentes, Formación y Profesión, U. Alberto Hurtado.
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