El centralismo mata

Cerca del 60% del territorio continental de Magallanes está sometido a algún régimen de protección ambiental y a restricciones para el uso del suelo. Ese porcentaje aumenta a cerca del 90% de nuestro borde costero (cientos de kilómetros de litoral).

Se trata de una superficie que, con creces, supera el promedio del resto de las regiones de Chile y que, por su magnitud, compromete la viabilidad del desarrollo futuro del sur-austral de Chile. Este es el resultado de un proceso digitado por varios gobiernos, ministerios y ONGs chilenas y extranjeras, y materializado totalmente a espaldas de los ciudadanos magallánicos.

Desde el Campo de Hielo Sur hasta la Antártica nos enfrentamos con problemas muy complejos, gatillados por intereses que no son los nuestros (y que muchas veces se originan fuera de Chile) que, en definitiva, amenazan con fosilizar a nuestra región, restándonos el derecho a gestionar nuestro propio territorio.

Muy diferente es lo que ocurre en el sur argentino. Allí, convergen una creciente población, inversiones en infraestructura y una vocación política austral y polar, expresiones de una “idea de país” ausente en Santiago.

La experiencia señala que, como también ocurre con el extremo norte y con el abandono del altiplano, en Magallanes estamos en presencia de un guion agotado: un centralismo que no conoce nuestra geografía, y que no está a la altura de los desafíos. Frente a esto, lo primero es revisar las decisiones del Estado centralista, que comprometen nuestros recursos y nuestras oportunidades de desarrollo.

Ejemplos sobran

Entre muchos, un solo ejemplo.

A fines del gobierno Bachelet 2, se estableció el “Parque Marino islas Diego Ramírez y Cabo de Hornos”, envolviendo una zona marítima al sur de nuestras islas australes de más de 14 mil kms2 (equivalente al territorio de la región Metropolitana), pero deteniéndose a 5 millas antes del meridiano del Cabo de Hornos. De esa forma “le gente del norte” olvidó la proyección de la plataforma continental más allá de las 200 millas, dando la impresión que Chile se atiene al “principio bioceánico”, que Argentina alega para bloquear nuestra proyección natural hacia la Antártica. Un error infantil del gobierno centralista, justificado rústicamente en el silencio de sus responsables.

Si a ello sumamos el Tratado de Campo de Hielo Sur de 1998 (que cede cientos de kms2 de agua dulce a Argentina y transgrede el Tratado de Límites de 1881) y el olvido prolongado de la plataforma continental de Magallanes al sur del cabo de Hornos, la inopia de Cancillería y de la clase política santiaguina han terminado por afectar gravísimamente nuestra integridad territorial (que por ley deben asegurar). Este es también el contexto del episodio del “buque inglés”, al que se le negaron servicios en Punta Arenas, no obstante, que el estrecho de Magallanes está neutral.

En suma, un cúmulo de decisiones equivocadas que han causado grave daño material a la región de Magallanes.

¿Son Magallanes y las demás regiones alejadas de Santiago, monedas de cambio al servicio de intereses económicos coyunturales?

¿Las cesiones citadas, son “pagos” por favores a organismos internacionales o intereses privados o extranjeros, que pretenden pautearnos dónde vivir, qué hacer con nuestros recursos, cómo gestionar nuestros borde costero, de qué forma podemos aprovechar nuestros espacios marítimos, cómo debemos vivir en nuestros fiordos o, cómo desarrollar nuestro altiplano?

Nada de esto es aceptable.

El proceso constitucional en marcha ofrecerá la oportunidad para dar voz a las regiones, para asegurarles participación en la gestión de sus propios territorios y recursos, incluida, obviamente, su participación en los asuntos internacionales que les comprometan (recursos hídricos compartidos, pasos fronterizos, etc.).

Si aspiramos a algo mejor para las regiones de Chile; si verdaderamente queremos que algo cambie en el corto y mediano plazo, entonces el proceso constitucional que comienza debe amarrar mecanismos que sincronicen al gobierno central con las regiones, incluida, por supuesto, la cesión de facultades para gestión del territorio regional y sus recursos.

Sólo sobre un fundamento constitucional distinto podremos construir un regionalismo real, responsable, sostenible y al servicio de las personas, no de los intereses corporativos (especialmente de aquellos que no son chilenos).

En el extremo sur de Chile no podemos seguir aceptando la tosquedad y las impericias de funcionarios no elegidos, que no nos conocen y no nos consultan, pero que siguen disponiendo de Magallanes, y que cada vez que se surge un problema, como el caso del “buque inglés”, se ocultan en el silencio culpable.

Llegó la hora de cambiar.