En la víspera de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, votamos en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que busca establecer un régimen de protección y reparación para las víctimas de femicidio y sus familias. A pesar de que la iniciativa contó con un apoyo transversal, no podían faltar los comentarios inhumanos de los representantes del Partido Republicano.

Su negativa al proyecto tuvo su máxima expresión en la intervención del diputado por el distrito 10, Johannes Kaiser, quien señaló que con este proyecto estaríamos creando “grupos privilegiados”, y anunció una reserva de constitucionalidad, con el fin de que la iniciativa no prospere.

La fundamentación de los republicanos viene a cuestionar las políticas que buscan proteger a un segmento mayoritario de la población -las mujeres constituimos el 51% del país- y que está continuamente bajo la amenaza de sufrir algún tipo violencia, además de presentar como excluyentes las medidas para reparar a los familiares de víctimas de femicidio con otras para otros segmentos de la población, lo cual es absolutamente compatible.

Sin embargo, esta posición del Partido Republicano no es nueva. Desde que son parte del Congreso Nacional, cada vez que hemos discutido un proyecto para garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la desigualdad de género se han opuesto. Por supuesto, en cada discusión desarrollan argumentos particulares para justificar su contraria a legislar al respecto, como ahora que señalan que se está “rompiendo el principio de igualdad ante la ley”.

Lo cierto es que cuando tenemos un grupo que constantemente se niega a legislar sobre nuestros derechos, que propone eliminar el Ministerio de la Mujer, que señala que prohibir que menores se casen es un ataque al matrimonio, que cuestionan el derecho a voto de las mujeres, los protocolos de acoso sexual, que golpean a colegas parlamentarios y ponen en duda avances mínimos que hemos venido logrando, es porque derechamente hay una agenda antimujeres.

Este ocho de marzo, entonces, cobra especial relevancia. No sólo tenemos que seguir organizadas y movilizadas para exigir políticas que garanticen nuestros derechos, sino que debemos estar alertas ante la arremetida de sectores que buscan reducir aún más nuestros derechos.

La consigna resulta doble para este nuevo periodo: no sólo seguir impulsando los avances hacia la igualdad material y mejora en las condiciones de vida para las mujeres, sino que también habremos de defender, con uñas y dientes, los derechos que tantos años de lucha han costado. Pero, que se tenga por seguro, que aquí estaremos para continuar esa tarea.