En esta tribuna, que efectivamente cultiva la libertad de expresión, hemos estado publicando desde hace años infinidad de columnas de opinión relacionadas con los sectores de transportes, obras públicas, patrimonio histórico, vivienda, urbanismo, transparencia, medio ambiente y en ocasiones, sobre otros sectores de la economía, fustigando con datos duros e irrefutables a quienes no respetan las reglas del juego impuestas democráticamente por nuestras distintas legislaciones. Por este motivo, según hemos oído en diferencias instancias, tenemos unos cuantos enemigos, lo que se debe considerar un halago, conforme al criterio de Plutarco, más aún, pues ellos no se atreven a confrontarnos personalmente. En todo caso, siempre es entretenido contar con detractores invisibles.
Hemos sostenido hasta el cansancio que el mercado es el mejor asignador de los recursos y que el crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente debe contar con un Estado compuesto por funcionarios probos y competentes en las tareas que desempeñan, pues así, ejerciendo éstos correctamente sus atribuciones se reducen las controversias entre las comunidades y los actores privados que invierten en sus diferentes proyectos.
Sabemos que la palabra “sustentable” está de moda y es utilizada masivamente para vender la pomada, recordando que en el gobierno anterior de Piñera se creó una agencia adscrita al Ministerio de Economía, llamada pomposamente “Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables”, conocida con la sigla GPS, cuyo propósito exclusivo era destrabar proyectos cuyas tramitaciones estaban paralizadas porque incumplían ciertas leyes. Ese trabajo sucio era ejecutado por personas simpáticas y engrupidoras para asegurar el éxito que se les encomendaba.
Demostrativo de que todo sigue igual, en el gobierno de Boric, haciendo malabares y para no utilizar la palabreja “sustentable”, esa misma agencia radicada en el Ministerio de Economía, se llama ahora “Oficina de Grandes Proyectos”, con la sigla OGP, cuyo cometido es viabilizar proyectos de inversión con problemas.
Los lectores ya han percibido que este columnista es uno de los pocos, sino el único, que denuncia a cara descubierta las prácticas corruptas que se producen permanentemente en los indicados sectores. Los profesionales que debieran poner el grito en el cielo cuando se vulneran, muchas veces vía colusión pública-privada, los marcos regulatorios de sus propios sectores optan por callar, unos porque están asociados a esos proyectos y otros porque consideran que darlos a conocer con publicidad es de “rotos” y “de mal gusto”. Desde el punto de vista de la realidad, en la cual estamos inmersos, le encontramos la razón a la prensa auto considerada como hegemónica, cuidadora de los intereses de la élite, la que obviamente tampoco informa oportuna y debidamente.
De esta forma se consagra la lacra de la impunidad, pues los que tratan de sacar ventajas ilegítimas en los mercados, se sienten seguros de que sus proyectos truchos no sean conocidos por la opinión pública y que, en definitiva, no se ejecuten si la Contraloría General de la República y/o los tribunales de justicias hayan tomado conocimiento de ellos.
En esta ocasión, reconocemos la impecable labor que ha desarrollado el arquitecto Juan Pablo Vigneaux, posiblemente el único de esa profesión, que dice las cosas por su nombre y en tal sentido, a continuación, se reproduce una documentada columna de él publicada en la radio Bio Bío, ver link, la que, conforme a las tradicionales prácticas chilensis, no fue contestada por quien estaba dirigida, ni por nadie del gobierno de la época.
A pesar de que en este medio de prensa ya hemos aludido al garrafal error cometido por el MOP, al convalidar la alegre tasación de $ 4.514.821.500 elaborada por unas arquitectas “peritas” para indemnizar a Copec por la expropiación de su terreno en Las Condes, en donde se construirá la Línea 7 del Metro, una vez más dejamos en claro que el uso de suelo de ese terreno es Espacio Público, específicamente asociado al sistema vial, lo que quedó establecido inicialmente en la “Modificación Plan Intercomunal de Santiago–Sector CCU”, plano RM-PIS-88/19, de agosto de 1988 del Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960, que grava dicho espacio como “prolongación Av. Isidora Goyenechea”, según se lee en el propio plano, lo que fue mantenido luego en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994.
El Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, en concordancia con lo establecido por la normativa intercomunal, clasifica el terreno donde se ubicaba una estación de servicios de la empresa Copec, lote 68L7, y el terreno municipal contiguo, lote 69L7, como una reserva de vialidad y espacio público. Este bochornoso asunto lo conoce la Contraloría, por denuncia efectuada oportunamente por la fundación Defendamos la Ciudad, y por ello estamos seguros que trasladará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se invalide esa cuantiosa e injustificada indemnización.
Está claro que las “peritas” suponían que el terreno, por estar localizado en un sector de sumo interés inmobiliario, llamado Sanhattan por los corredores de propiedades y por la prensa de negocios, livianamente lo tasaron en dicha alta suma de dinero y el funcionario del MOP que firmó el decreto respectivo lo hizo porque cándidamente le creyó a las anteriores. Como vemos, por negligencia de quienes ostentan el poder político se dilapidan los recursos públicos y al respecto, los 155 afamados y vociferantes diputados que deben fiscalizar, hasta el momento están mudos. ¿Será porque son accionistas de Copec?
Finalmente, en Chile existen muchos “expertos” en corrupción, quienes en representación de algunas ONG y a veces a título personal, son entrevistados por la prensa, pero tenemos la fundada percepción de que ninguno de ellos “se moja el potito”, denunciando en los organismos respectivos los casos por los cuales manifiestan sus encendidas declaraciones.
Es decir, ellos son meros teóricos de la corrupción, motivo más que suficiente para invitarlos a que se involucren denunciando los episodios por los cuales entregan sus juicios a los periodistas. Así las cosas, se justifica plenamente el título de esta columna y como los “peritos” tasadores no le rinden cuenta a nadie, sería prudente que el gobierno tome cartas en asunto para evitar que se repita el error cometido con Copec y posiblemente con otros tantos casos desconocidos.