Era justo y necesario reformar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. A ocho años de su dictación, en un contexto de recesión económica, con la posibilidad de que miles de personas y empresas puedan quebrar en 2023, resulta de vital importancia poder actualizar esta norma.

Como en todo proyecto de ley, hay aspectos positivos, negativos y otros que se dejaron sin abordar. En ese contexto, como abogados que hemos acompañado en dolorosos procesos de insolvencia a miles de personas, no nos podemos quedar fuera de esta discusión.

Nuestras preocupaciones son principalmente cuatro: el incidente de mala fe, las sanciones ante la entrega incompleta de información por parte del deudor, la prohibición de volver a quebrar en cinco años luego de una liquidación voluntaria y la rebaja en el monto para la liquidación forzosa de 200 a 100 UF.

En simple, el incidente de mala fe es algo que podrán argumentar los acreedores para negar la extinción de una deuda, a pesar de que esa extinción es una promesa de la Ley de Quiebra.

Al levantar este incidente, quien resolverá – si se valida o no – será un juez conforme a las normas de sana crítica. En ese sentido, nos preocupa que tendremos tantos criterios como jueces, que los acreedores no tendrán sanción por presentar este incidente de mala fe de forma injustificada y que el proceso de quiebra se ralentizará y, por ende, aumentará sus costos.

Sobre la información incompleta, es decir, en el caso de que el deudor no aporte toda la documentación en un procedimiento de quiebra, la ley contempla sanciones que son – desde nuestro punto de vista – absolutamente desproporcionadas. Se trata de arrestos de hasta dos meses y multas de hasta 10 UTM.

Sabemos que hay muchas personas que carecen de educación financiera y nos parece un riesgo exponerlas a este tipo de apremios como lo son el arresto. Eventualmente, cualquiera podría irse preso por una entrega de información incompleta solo por desconocimiento.

Si decimos que Chile es un país de emprendedores, es incongruente que esta norma prohíba el inicio de una nueva solicitud de quiebra durante cinco años desde una quiebra anterior. Si realmente queremos ser vanguardistas en términos de emprendimiento, debemos aceptar que puede existir un nuevo fracaso antes de cinco años. Y es que, en este sentido, las cifras son categóricas: 9 de cada 10 emprendimientos fracasan.

También se rebaja la liquidación forzosa de 200 a 100 UF y creemos que eso tiene por objeto promover este procedimiento, lo que de una u otra manera se transformará en una amenaza por parte de los acreedores en contra de las empresas o personas que están viviendo una situación de insolvencia.

Si bien hay temas que valoramos, creemos que hay mucho por mejorar y esta ley, por todos y para todos, merece ser modificada con criterios de justicia.