El pasado 17 de enero, la Joint Commission International (JCI) -prestigiosa entidad global con sede en EEUU- retiró la acreditación institucional a Clínica Las Condes, tras evaluar eventos que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes en la institución de salud.

La decisión se produce luego recibir una serie de reportes por el manejo de la Clínica frente a las denuncias de abuso sexual reiterado en contra del oncólogo Manuel Álvarez, en el marco de la atención de pacientes enfermas de cáncer.

Llama la atención que sea una institución extranjera la que aplique este tipo de sanciones, mientras que en Chile no se hayan tomado medidas similares, que busquen proteger a las y los pacientes, pese a las numerosas denuncias por el proceder de la institución de Salud en este y otros ámbitos.

Vale hacer presente la serie de irregularidades que se han suscitado en la referida clínica, como las cinco querellas ingresadas en la Fiscalía Oriente por apropiación indebida, administración desleal y eventualmente delitos personales de los ejecutivos y gerentes; la renuncia del equipo de Cirugía Vascular y su reemplazo por médicos extranjeros sin la requerida revalidación de título; la salida de más de 320 médicos desde 2019 por diferencias con la administración; el gravísimo bloqueo al acceso de los médicos tratantes a las fichas clínicas de sus pacientes sin previo pago de la consulta; o la imposibilidad de bloquear agenda, con lo cual se engaña a los pacientes para que asistan a la consulta, aunque existe certeza que el médico no estará, para conseguir una reasignación con otro profesional.

Las gravísimas denuncias contra la Clínica hacen urgente una intervención de la entidad fiscalizadora.