Tuvieron que pasar más de mil días para que el Congreso, finalmente, aprobara en segunda instancia (ya que la iniciativa original fue rechazada por la Cámara de Diputados) el proyecto de Ley de Infraestructura crítica.
Se trata de una norma de gran relevancia para el país, que impulsé junto a otros parlamentarios en noviembre de 2019, tras observar el ataque sostenido a infraestructura estratégica para el país a partir del estallido de violencia que se inició en octubre de ese año.
Episodios de destrucción y vandalismo que mostraron crudamente la fragilidad que tenía Chile al momento de resguardar instalaciones clave para la seguridad nacional y el normal funcionamiento del país. Por eso, consideré fundamental que esa infraestructura estuviese protegida de mejor forma y presenté el proyecto que permitía hacerlo utilizando a las Fuerzas Armadas para ese rol, tal como lo hace Estados Unidos y países desarrollados de Europa hace más de dos décadas, que entienden la trascendencia de que sea así.
Como representante de La Araucanía, venía advirtiendo este inconveniente incluso antes del estallido, ya que en la región llevamos más de dos décadas de violencia instalada, que en todo ese período ha provocado múltiples daños a infraestructura pública y privada, que ha incluido ataques, por ejemplo, al viaducto Malleco, que es fundamental para la conectividad terrestre del país.
En los últimos años, surgió un problema adicional, como es la inmigración ilegal desatada que se registra en la zona norte del país, con fronteras altamente porosas que ha permitido el ingreso de integrantes de peligrosas bandas criminales internacionales que ya están presentes en el territorio nacional, provocando una crisis de seguridad sin precedentes en Chile.
Que el proyecto de ley que se acaba de aprobar con una amplia mayoría en el Congreso, considere también las fronteras como zonas estratégicas y que por lo mismo puedan ser resguardadas por personal militar, es hecho muy positivo, ya que permitirá implementar mejores herramientas para una labor que hoy no se está realizando con la debida rigurosidad que demanda el grave problema que tenemos en esta materia. De ahí que resulta esencial determinar el ámbito de acción y las funciones que podrán desempeñar las Fuerzas Armadas para cumplir este rol, definiendo con claridad los ámbitos de acción.
A su vez, es prioritario que este apoyo transversal que se dio a este proyecto de ley, se amplíe a otras iniciativas que se están tramitando hace tiempo en el Congreso y que son clave para implementar una agenda de seguridad robusta que permita frenar el avance del terrorismo y el crimen organizado en Chile, entre ellas, la Ley Antiterrorista, la Ley de Usurpación y perfeccionamiento del sistema de inteligencia.
Estamos en un punto de inflexión que obliga al Estado a actuar con sentido de urgencia antes de que sea demasiado tarde. Es de esperar que en marzo, tras el receso legislativo, podamos avanzar rápido en la aprobación de esos proyectos.
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