Con motivo del Plan de Emergencia Habitacional, anunciado en junio de 2022, que se propone entregar durante este gobierno 260.000 viviendas para las familias más pobres, hemos sabido que Carlos Montes y Javiera Toro, titulares del Minvu y de BBNN, respectivamente, le están solicitando a todas las ramas de las FFAA y a Carabineros que se desprendan de los terrenos fiscales que disponen a nivel país para que en ellos se puedan construir viviendas sociales, habida cuenta el tremendo déficit existente. Ello fue informado en una conferencia de prensa la semana pasada en el Palacio de La Moneda, con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En relación a lo anterior, debemos tener presente que, con fecha 12 de noviembre de 1971, en el gobierno de Salvador Allende, se promulgó la ley N° 17.502, cuyas disposiciones establecían lo relativo al planeamiento, estudio, proyección, construcción, demolición, ampliación, reparación, conservación y explotación para las obras de exclusivo carácter militar en las FFAA, en donde se reglamentaba lo relacionado con las demandas de aquellas, dividiéndolas en 2 categorías: a) demandas por vivienda propia para el personal y b) demandas institucionales. Pero como los negocios especulativos son más fuertes, tiempo después, se inventaron astutas y rebuscadas fórmulas para que, en la práctica, se privatizara la tenencia de tales inmuebles.

Debido a que todas las ramas de las FFAA, han adoptado las decisiones de vender, a través de sus Comandos de Bienestar, en el mercado inmobiliario los inmuebles, ya sea terrenos como casas y edificios, denominados Patrimonios de Afectación Fiscal (PAF) que les han sido asignados por el Estado para sus propias necesidades institucionales, algunos ciudadanos informados preparamos un proyecto de ley que se lo entregamos al entonces diputado (PPD), Rodrigo González, lamentablemente fallecido, quien le solicitó a algunos de sus colegas que lo firmaran y así fue como la ex diputada (PS), Maya Fernández, el diputado ambientalista, Tomás Hirsch, el ex diputado (DC), Gabriel Ascencio, el propio González y otros tantos, lo ingresaron vía boletín N° 14325-02, con fecha 31 de mayo de 2021, en la Cámara de Diputados.

Este necesario proyecto se denomina “Modifica leyes N° 18.712, N° 18.713 y N° 18.714, en materia de destinación y enajenación de bienes inmuebles administrados por los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones”, ver link, pero como esta moción parlamentaria no avanzaba, fue necesario que 3 de sus autores, arquitecto Miguel Lawner, abogado Francisco Feres y quien suscribe esta columna, nos entrevistáramos el 12 de mayo de 2022 con el subsecretario de las FFAA, Galo Eildestein, y sus abogados asesores para revisar el asunto, ya que la negligente burocracia impedía que se transforma en ley este proyecto.

Sostuvimos una grata, pero no productiva reunión con Eildestein, entregándole a él toda la documentación de respaldo para que ejerciera sus atribuciones. Como el asunto por razones inexplicables está trabado en el Congreso Nacional, esperaríamos que la ministra de Defensa, Maya Fernández, asumirá su rol de máxima autoridad, para que en los próximos meses esté publicada en el Diario Oficial la ley respectiva, con lo cual el Ministerio de Bienes Nacionales, normalizando el tema en la ley N° 1939 de 1977, será quien tendrá la tuición de todos los inmuebles que el Estado, a través del tiempo, les ha entregado solo para sus usos específicos al Ejército, Armada, FACH y Carabineros. Hasta ahora, dichas ramas de las FFAA han actuado, de facto, como simples mercaderes.

Este columnista deja en claro que el afán de regularizar para siempre este asunto no tiene como propósito afectar a las FFAA, entre otros motivos, porque estudió en la Escuela Militar, sintiendo además mucho respeto y admiración por estas instituciones de la república que, bien pertrechadas, sí saben resguardar la seguridad de nuestra nación, luego conteniendo las ansias expansionistas de los países vecinos. En todo caso preciso, que mi apoyo a las FFAA no es amplio en el tiempo, pues rechacé la dictadura, como asimismo objeto de plano los malos manejos de los ex comandantes en jefe del Ejército que introducían sus manos en los gastos reservados de esa institución.

Finalmente, como las ramas de las FFAA no pueden seguir actuando como diligentes agentes comerciales en el mercado inmobiliario, es decir, desperfilándose abiertamente de su único cometido constitucional, lo más razonable será que, insistimos, la íntegra ministra, Maya Fernández, nieta del presidente Allende, con el decidido apoyo del presidente Boric, ejerza en plenitud su mandato para que nunca más las instituciones civiles del Estado, en este ámbito de materias, le sigan pidiendo favores a ninguna de ellas, ya que los terrenos fiscales que ocupan siempre le han pertenecido al país.

Recientemente hemos sabido que acaba de fallecer el distinguido y competente abogado Sergio Vergara, ex Sub Secretario de BBNN, quien tuvo la buena voluntad de ayudarnos en la redacción del proyecto de ley que hemos aludido. Desde esta tribuna le damos nuestro sentido pésame a su familia.