Hasta ahora, el balance que se puede hacer sobre la prevención y sanción de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y altos ejecutivos de empresas privadas, en el marco del financiamiento ilegal de la política, es bastante magro y desfavorable. En general, ha prevalecido la impunidad frente a hechos extremadamente graves que han afectado a la democracia y han mellado la confianza de las personas hacia las instituciones.

Los casos Penta, SQM y Corpesca revelaron la debilidad de nuestra institucionalidad para prevenir y/o sancionar la corrupción. La excepción a lo anterior ha sido el trabajo realizado en el caso Corpesca, donde más allá de las condenas se llegó a la instancia de Juicio Oral, lo que permitió conocer la mecánica y asentar una verdad judicial sobre la forma de financiamiento ilegal de la política en Chile. En los demás casos, la falta de querella del SII, salidas alternativas y juicios abreviados dejaron ocultos e impunes el entramado de vínculos entre empresarios y políticos de todos los partidos.

El juicio oral en el caso SQM está por comenzar y será una prueba crucial para el sistema de justicia. El nuevo fiscal nacional podrá demostrar su compromiso contra la impunidad en este tipo de delitos.

Un caso donde exfuncionarios y exrepresentantes de una de las mineras más importantes del país son investigados, exige el máximo profesionalismo y compromiso con el Estado de Derecho. Especialmente, frente a la gravedad de los hechos, donde el exsenador y exministro Pablo Longueira recibió millones de pesos por parte de SQM, para que esta se beneficiara hasta el 2025 con invariabilidad tributaria a costa del interés de las chilenas y chilenos.

Para recomponer las confianzas, y asentar un pacto que nos lleve al desarrollo y al bienestar social, es imprescindible poner un fin digno a la historia del financiamiento ilegal de la política en el país. Adicionalmente, es vital contar con un compromiso entre los partidos políticos y desde el sector privado para no repetir esta vergonzosa historia, no sólo de delitos, sino también de ocultamiento, impunidad y defensa corporativa que se ha evidenciado desde el 2014 en adelante.

Este es el comienzo del fin de un capítulo que nos toma justamente en el momento donde volvemos a discutir una nueva Constitución, lo que significa una oportunidad para asentar los principios de probidad y transparencia, de forma clara y eficaz, en el Estado que en conjunto vamos a acordar.

Por Octavio Del Favero, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente