El presidente Gabriel Boric decidió darle la espalda a Chile porque prefirió gobernar con quienes saquearon e incendiaron el país en el mal llamado “estallido social”, premiándolos con indultos.

Se comprometió con la ciudadanía a ser implacable con la delincuencia, sin embargo, en el camino no resultó ser el mejor guardián de la seguridad de la población chilena. Hoy todas las cifras apuntan a un país inseguro, una crisis migratoria de la cual no se ha podido hacer cargo y que está haciendo estragos en el norte, sin mencionar lo que ha ocurrido en la macro zona sur.

Para efecto de lo anterior están los datos; la Cámara de Comercio de Santiago reveló un estudio donde más del 70 por ciento de los habitantes del país, ve a Chile como “inseguro”. En su informe de gestión operativa de 2021 a 2022, la Policía de Investigaciones (PDI) cifró en 32% el alza de los homicidios en Chile, lo que subió 45,97% si se consideran los casos ocurridos con arma de fuego.

Si bien el subsecretario Manuel Monsalve vincula estos datos a la presencia de bandas armadas y organizaciones criminales, lo cierto es que se debe actuar y no quedarnos solamente con las estadísticas, porque de ellas hay bastantes, sin embargo, la acción es escasa.

A propósito de los últimos “indultos” del cual hemos hablado previamente, las mismas encuestas revelan que éstos deben ser revocados, sobre todo aquellos casos donde exista un amplio prontuario policial.

Así, por ejemplo, la encuesta Cadem señala que el 80% de los consultados cree necesario que los indultos deben ser revocados, de ese total un 43% dice que es el Presidente el llamado a revertir el beneficio y un 37% pide que se revoque a todos los indultados.

En definitiva, la población de Chile ve una falencia abismante en cuestiones de seguridad, sobre todo en el día a día, donde caminar por las calles o trasladarse en vehículo es uno de los mayores temores de la población.

A ello se le suma la idea de indultar a personas con un amplio prontuario, y una serie de hechos delictuales en todo el país, produciéndose una dicotomía por parte del Gobierno que no ha logrado dar el ancho en materia de seguridad, por lo tanto, es urgente que pueda aplicar nuevas y mejores medidas que permitan devolver la sensación de seguridad a la población. Es justamente, el Gobierno quien debe dar urgencias a los proyectos de ley que permitan mejorar la seguridad pública para de este modo, contar con las herramientas jurídicas para enfrentar de forma decidida la delincuencia y devolver la tranquilidad a los habitantes del país.