Una deuda pendiente con la organización laboral

Corría el año 1979 cuando José Piñera, respaldado por la Junta Militar, implementaba en Chile el “Plan Laboral”. Durante varias décadas, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores habían venido acumulado experiencia y fuerza de movilización, fortaleciendo sus sindicatos y organizaciones gremiales, ganando una relevancia y un poder de negociación que no se había logrado antes.

Lo anterior no solo amenazaba los intereses inmediatos de la dictadura militar, que reprimió con brutalidad a las y los obreros y sus organizaciones, sino que también a los del gran empresariado, que veían en este periodo una oportunidad para recuperar y reconsolidar su poder para dominar al resto de la sociedad.

Así, el Plan Laboral tuvo como objetivos desarticular y despolitizar a las y los trabajadores y el movimiento sindical, desincentivar su participación en los asuntos públicos, en las organizaciones de la sociedad civil y con ello limitar institucionalmente tanto la participación política de las clases medias y bajas, como su capacidad para redistribuir la riqueza.

En palabras del propio Piñera: “la negociación colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para redistribuir los ingresos o riqueza en el país”. Lo anterior se materializó a través de dos elementos principales que se incluyeron en la normativa. “Una nutrida nómina de inhabilidades e incompatibilidades que procuran la más tajante separación entre la vida política y la actividad gremial”, afirmación de Jaime Guzmán y la concentración de las negociaciones en las empresas, lo que obstaculizó la asociación de las y los trabajadores como clase, limitando la capacidad de tener una representación política grupal y unificada.

Por supuesto, esta decisión no era autónoma, sino que respondía a un proyecto político muy concreto, materializado a través de la Constitución que actualmente nos rige, la cual está diseñada para establecer lógicas individuales, tanto en la regulación como en la prestación de los derechos, generando estímulos que desincentivan la organización y articulación social.

A contrapelo de los efectos que ha provocado el Plan Laboral en las y los trabajadores del sector privado, donde se mantienen tasas muy bajas de afiliación a sindicatos, de participación política y bajos salarios, el sector público ha logrado resistir a esta lógica, lo que se vio reflejado en la capacidad de negociación que hubo durante el reajuste del sector público.

Si bien hoy existe una prohibición expresa de ir a huelga para los empleados fiscales, en la práctica han resistido a la normativa impuesta por la dictadura y logrado mantener la fuerza de sus organizaciones gremiales, lo que puede explicarse por una identidad colectiva que ha perdurado, ya que sus trabajos responden a una cuestión esencialmente pública, como lo es el Estado.

Además, existen mayores incentivos, tanto para que las y los trabajadores se organicen y defiendan sus derechos laborales, como en el caso del reajuste público, como para las autoridades, que deben evitar que se produzcan movilizaciones que afecten a la mayoría de la población que accede a los servicios del Estado.

Por cierto, el éxito de la actual negociación también es fruto de un Gobierno que valora la organización gremial y sindical, que construyó con varios meses de anticipación un diálogo transversal con las 16 organizaciones que forman parte de la Mesa del Sector Público, logrando un reajuste de un 12,2% para las rentas iguales o menores a 2 millones 200 mil pesos y de 264 mil pesos para los salarios mayores, haciéndose cargo de enfrentar la inflación, además de bonos y aguinaldos.

Considerando nuestro contexto laboral donde tan solo el 20% de las y los trabajadores se encuentra sindicalizado, se hace urgente que las personas vuelvan a afiliarse en sus sindicatos, que los formen donde no los haya, que se recupere la titularidad sindical y se fortalezca la negociación colectiva, incorporando también la modalidad ramal o sectorial.

El año 2016 el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional la norma que establecía la titularidad. El proyecto de nueva Constitución que fue rechazado significaba un avance sustantivo en esta materia, pero que se haya rechazado no es motivo para pensar que no debemos rearticular el movimiento sindical.

Mucho se habla de cómo podemos aumentar los salarios. Pues bien, fortalecer el poder de negociación de las y los trabajadores es un elemento clave para que nuestro país distribuya de mejor manera la riqueza que se genera en el seno de las empresas, pero no solo eso, los sindicatos y las organizaciones gremiales son una herramienta vital para fomentar la participación política y social de las personas, para crear tejido social y discutir críticamente sobre la sociedad que construimos, cuestión indispensable si queremos profundizar nuestra democracia y evitar el avance del autoritarismo.