De público conocimiento es el grave panorama global en lo económico que particularmente ha golpeado a empresas constructoras. Entre otras razones, los efectos de la pandemia siguen generando alza de costos, retrasos y un largo etcétera.

Lo anterior trae problemas y así las empresas del rubro terminan participando tarde o temprano en algún método de solución de controversias o derechamente, frente a una inminente cesación de pagos, en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación.

Cuando estas controversias han terminado en tribunales, sean ordinarios o arbitrales, los jueces consideran los elementos de cada caso, pero es común ver, en temas como el covid u otros que conllevan un aumento inesperado de precio o plazo, que la buena fe es un elemento relevante a la hora de resolver.

Es el mismo espíritu que debe guiar a las partes que tienen problemas presentes. Resolver los conflictos con auténtica buena fe antes de judicializar, durante un procedimiento judicial, o incluso en el marco de una reorganización, puede llevar a evitar efectos desastrosos no solo para los involucrados directamente, sino también para las personas que rodean al negocio y para la economía del país.