Tras haberse celebrado en noviembre el Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resulta también relevante hablar de una violencia de género tan masificada, pero invisibilizada, como es el caso de la violencia obstétrica.

En nuestro país se ha debatido sobre la materia, existiendo en trámite legislativo la llamada Ley Adriana que busca erradicar la violencia ginecobstétrica en todas las etapas de la gestación, con especial énfasis en el parto y posparto.

Este tipo de agresión se traduce en prácticas que muchas mujeres han vivido, como ignorar sus preocupaciones, negar la posibilidad de acompañante o forzar alguno, falta de privacidad, cesáreas injustificadas, uso sin consentimiento de fármacos innecesarios que aceleran el normal curso del parto, procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo, obligar a parir acostada o inmovilizada, negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé inmediatamente al nacer y otras acciones naturalizadas en las estructuras de los sistemas de salud y las personas que los integran.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), detectando este accionar ampliamente difundido, ha estado promoviendo el parto humanizado. Chile aún está al debe, no solo porque la ley general de violencia de género duerme en el Congreso desde 2017, sino porque además aún está pendiente una regulación específica sobre este tipo de violencia. Desde 2015 se han presentado tres propuestas de leyes relacionadas, de las cuales la que más avanza es la Ley Adriana (2018), pero pese a la suma urgencia puesta por el Ejecutivo, sigue dilatándose su tramitación en el Parlamento y aún no ha visto la luz.

La violencia obstétrica no puede esperar, constituye una manifestación de discriminación estructural hacia las mujeres y representa una violación de sus derechos humanos, por tanto, las políticas públicas y las normas, deben urgentemente buscar erradicarla. Esperemos que el legislativo esté a la altura de esta urgencia.