La naturaleza es uno de los patrimonios más valiosos de Chile. Es fuente de nuestra identidad cultural, de nuestro bienestar en términos de alimentación, agua y salud. Asimismo, es la base de las principales actividades económicas impulsadas a nivel nacional, pero también a nivel local. Agricultura, silvicultura, pesca y turismo, son algunas de estas actividades que dependen de una naturaleza saludable.

En un contexto de triple crisis, donde la contaminación se suma a la pérdida de biodiversidad, que es potenciada por el cambio climático, la naturaleza ha demostrado ser una poderosa aliada. Se estima que los ecosistemas han absorbido el 54% de las emisiones de CO2 producidas por el ser humano en los últimos 10 años.

Estos argumentos permiten justificar que un gasto en naturaleza es para Chile una gran inversión tanto en el corto como en el largo plazo. Parques Nacionales bien administrados atraerán rápidamente más turistas internacionales a Chile, que es reconocido como uno de los principales destinos de naturaleza del mundo. Pero también cuencas bien protegidas asegurarán agua dulce durante el verano para las personas, áreas marinas protegidas bien manejadas permitirán repoblar de peces y así asegurar actividades esenciales para comunidades locales, como la pesca artesanal.

La realidad actual, sin embargo, es que no estamos haciendo lo que nuestra naturaleza necesita para ser conservada en forma efectiva y mantenerse en buen estado. Es destacable que el 21% de nuestro territorio se encuentre bajo alguna figura de protección, y se haya comprometido aumentar en un millón de hectáreas en la NDC reforzada que presentó Chile en la COP de clima. Más aún en el océano, un 42% de nuestra Zona Económica Exclusiva cuenta con algún estatus de protección, lo que le da a Chile un liderazgo internacional.

El problema es que existen grandes brechas en términos de recursos para asegurar una conservación efectiva de estas áreas, y la división de responsabilidades en las diferentes instituciones que hoy tienen competencia en ámbitos claves para la gestión integrada de estos espacios terrestres y marinos, a pesar de las voluntades y los esfuerzos de los actores públicos, limita considerablemente la efectividad del manejo y pone acento en la importancia de contar con una Ley para la Naturaleza y su Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

También se requiere avanzar en nuevas áreas protegidas que permitan mejorar la representatividad, en la zona mediterránea en lo que respecta a lo terrestre, y en las zonas costeras, en lo marino, además de mejorar la conectividad biológica, protegiendo la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Estas son condiciones básicas para poder avanzar con pasos seguros y firmes, asimismo, hacia el horizonte del llamado 30X30, meta global que supone conservar de manera adecuada el 30% del territorio y del maritorio nacional al año 2030, asegurando la participación, reconocimiento de derechos y beneficios para los pueblos originarios y las comunidades locales.

La reciente huelga de guardaparques de Conaf, generada por la reducción del presupuesto para Áreas Protegidas en el erario fiscal 2023, es solo un síntoma de este largo y crónico padecimiento, donde no solo sufre la biodiversidad, sino que también las comunidades locales cercanas y, a la larga, todos los habitantes del país.

A muchos debe haberles llamado la atención, hace algunas semanas, la publicación de revista Nature donde se establecía que en Chile están presentes 88 de los 110 tipos de ecosistemas que existen a nivel global. Sin embargo, conservar estos ecosistemas es una tarea que año a año se vuelve cuesta arriba, debido a los factores que se han mencionado.

Tomando solo algunos datos, la realidad nos muestra que somos uno de los diez países que menos invierte en sus áreas protegidas, situación que se torna más crítica en el caso de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), donde existe una brecha financiera superior al 99%.

El diagnóstico compartido por diversos actores del ámbito ambiental es que esto ya no resiste más, sobre todo en momentos en que el planeta y el país enfrentan los embates de una triple crisis: la pérdida de biodiversidad, la emergencia climática galopante y niveles de contaminación nunca imaginados.

Por estos días los países se reúnen para establecer un nuevo marco global para la conservación de la biodiversidad en la COP15 que se realizará en Canadá. Se espera alcanzar algo similar a lo que se logró con el Acuerdo de París en clima. No hay duda de que los representantes chilenos destacarán el compromiso del país, del gobierno y del Estado con la protección de uno de sus tesoros más preciados y que lo ha hecho reconocido a nivel mundial. Esperamos que estas declaraciones tengan un correlato ambicioso en la realidad y que con el apoyo del Congreso la Ley para la Naturaleza pueda concretarse. Esta busca completar la institucionalidad ambiental del país, con la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un servicio público clave para avanzar en las mejoras que nuestra naturaleza necesita con urgencia.

Llamamos a que la Ley para la Naturaleza pueda aprobarse prontamente, con un presupuesto en consonancia con este tremendo desafío, es decir, con una mayor dotación de recursos que los que contemplaba la llamada Ley SBAP al ser ingresada en 2014. Hacer esto realidad no solo ayudará a la biodiversidad, sino que será clave para la generación de valor público y el bienestar humano de las generaciones presentes y futuras.