El viernes recién pasado, los gremios que integramos la Mesa del Sector Público firmamos el Protocolo de Acuerdo con los Ministros de Hacienda y del Trabajo que, entre varios puntos, estableció un reajuste general de remuneraciones de las y los trabajadores del Estado del 12%. Se trata, ni más ni menos, de un piso mínimo de dignidad ante una inflación que todo indica que va a ser, precisamente, del 12%.

Así las cosas, el reajuste es, en realidad, exclusivamente la preservación del poder adquisitivo de quienes laboramos directa o indirectamente para el Estado y, por ello, desde el mundo de las y los trabajadores lo valoramos en su justa medida: no es lo que buscábamos originalmente -un aumento efectivo en los salarios de los empleados fiscales-, pero sí es una cifra que asegura, al menos, que quienes laboran día a día no paguen el costo de la crisis económica que vive el país y que empieza a hacerse notar en todo Chile.

Esto es una cuestión central y el tema de fondo de la negociación del Sector Público, la única negociación sindical ramal que se desarrolla en el país: la carga monetaria que soportan las y los trabajadores cuando Chile enfrenta dificultades económicas. Por supuesto, la posición de los gremios y organizaciones sindicales es clara: la crisis no la deben ni pueden pagar las y los trabajadores.

Y esa debería ser la preocupación central del país, el buscar las formas y vías para que la crisis económica en ciernes impacte lo menos posible en las grandes mayorías, en los millones que día a día mueven la economía y, lamentablemente, la mayor parte de las veces no reciben los beneficios de tanto trabajo entregado.

Por eso, valoramos este Reajuste del Sector Público del 12%, porque de manera muy concreta va a evitar que cientos de miles de trabajadores paguen las consecuencias de la inflación. Y en eso reconocemos la acción y la disposición del Gobierno en este tema, quienes fueron receptivos, dialogaron y finalmente se allanaron a un aumento que fue bastante más que el 8,5% inicial que ofrecieron en un principio a la Mesa del Sector Público.

Pero tal como valoramos esta acción concreta y material del Gobierno en este asunto, reclamamos precisamente la inacción del Ejecutivo en muchos otros temas acuciantes, donde no vemos esta decisión y esta iniciativa de materializar acciones y medidas concretas. En Educación, qué decir: con este Gobierno ciertamente vemos una actitud dialogante y de escucha, pero al momento de la acción vivimos una parsimonia exasperante que no se hace cargo de la urgencia que se requiere para enfrentar la crisis de violencia, infraestructura y deserción que hay en estos momentos en la educación del país.

Por eso, llamamos al Gobierno a tomar en consideración su propia acción en la Negociación del Reajuste del Sector Público y aplicarla en tantas otras materias urgentes: Gobernar se trata, justamente, de al menos asegurar ese piso mínimo de dignidad.