La decisión del Gobierno de postergar hasta julio del próximo año la recepción de las ofertas técnicas de la licitación de la concesión del embalse Nueva La Punilla, el proyecto de mayor capacidad dentro del plan de embalses y que permitiría dar seguridad de riego a unas 70 mil hectáreas de Ñuble, dan cuenta una vez más de la falta de visión de Estado respecto de los temas de seguridad hídrica.

Como bien dijo el presidente de la Asociación de Agricultores del Ñuble, Carlos González, “es inentendible que las autoridades no dimensionen lo urgente que es este tipo de obras para asegurar el consumo humano, la diversidad de la flora y fauna, y la producción de alimentos”.

El Programa de Embalses de la DOH elaborado en el gobierno de Michelle Bachelet, consideraba 19 megaobras, de las cuales la única que llegó a ver la luz fue la de Chacrilla, en la V región, mientras en 2021 comenzó la construcción del embalse Las Palmas en Ligua-Petorca, no sin una serie de dificultades en la ejecución del proyecto. Es decir, en 10 años no han llegado a construirse dos obras completas, lo que significa que en los últimos 12 años el Estado no ha hecho nada en materia de agua superficial.

Si consideramos que tenemos una sequía que ha durado 15 años, la construcción de dichos embalses habría permitido regular las pocas aguas que cayeron como, por ejemplo, las lluvias del año 2015, que en el caso del Sistema Paloma en la VI región, permitieron pasar de 0% de volumen de llenado a prácticamente un 100% en todos sus embalses. Sin embargo, en todas las otras regiones que existía promesas de infraestructura, incluido Ligua-Petorca donde escurrieron los ríos después de más de una década, no se pudo regular esa agua en beneficio de las demandas requeridas en zonas críticas.

Durante todo este tiempo de sequía, que multiplica por 5 la duración de una sequía normal, no ha habido obras mayores estructurales en las que el Estado haya invertido para resolver el problema. Y aquellos que llevaban algo de avance, como la concesión del embalse Nueva La Punilla que suma ya cuatro postergaciones a pesar de que el proyecto cuenta con una resolución de calificación ambiental que data de 2010, son indispensables y no se pueden seguir postergando.

Dado el tiempo transcurrido y la situación de déficit que se sigue agravando, y considerando a su vez que cada megaobra debe cumplir 5 etapas, que consideran un perfil del proyecto, estudio de prefactibilidad, de factibilidad, diseño y construcción, los que según estudios de la CNR toma entre 2 y 3 años por etapa, por lo que no es posible tardar menos de 15 años en su ejecución, se torna fundamental buscar soluciones paralelas que permitan dar seguridad a la próxima década.

La explotación mediante baterías de pozos de los importantes embalses subterráneos que existen en la meseta intermedia a lo largo de las cuencas principales de Chile en su zona central, ayudaría a resolver el problema de empalme de la situación transitoria de crítica sequía que vivimos hasta disponer de las fuentes complementarias que significan estas obras mayores. Esto, ya que tienen la ventaja de ser soluciones modulares, ubicables en los sectores más favorables, espacialmente distribuidas, de rápida ejecución y puesta en funcionamiento, y con inversiones que pueden ser la décima parte de un embalse superficial.

Como bien dije en una columna escrita en 2020, la experiencia nos dice que las soluciones siempre llegan tarde y con un costo mayor que el requerido para invertir en infraestructura, tanto a nivel económico como político-social. Habiendo pasado desde entonces un periodo suficiente para tomar medidas que fueran significativas, es deseable esperar que las autoridades aborden la grave situación estructural hídrica del país, entendiendo su urgencia y la necesidad de soluciones integradas, abordando los requerimientos inmediatos y de corto plazo, y donde la discusión se vuelque hacia cómo hacer de los embalses una propuesta de Estado y no más una eterna promesa de gobiernos.