Se necesitan mejores condiciones para los guardaparques y también aumentar su número para poder cumplir con la conservación efectiva de nuestros parques nacionales y otras áreas protegidas.

Este es un problema global, y hoy Chile enfrenta una huelga con un mensaje muy claro: sin guardaparques no hay conservación. Y sin conservación efectiva, ni naturaleza, no hay bienestar para las personas.

Las estimaciones señalan que el turismo, en general, representa para Chile más del 4% del PIB, y las proyecciones mundiales auguran que la década 2022-2032 podría mostrar un crecimiento promedio de 5,8% anual para esta actividad, o sea, duplicaría las expectativas del PIB mundial, creando también 126 millones de empleos.

Las áreas protegidas son uno de los sellos de Chile ante el mundo, en especial frente a los países del norte global, desde donde anualmente millones de viajeros enfilan rumbo al último rincón del globo atraídos por su naturaleza única, asociada también a sus culturas y territorios. Esto, por supuesto, es muy valorado por las comunidades locales y los emprendimientos en general, ya que impulsa encadenamientos productivos que las regiones agradecen. Sin embargo, como consecuencia del actual conflicto, la Federación de Empresas de Turismo prevé pérdidas de 100 millones de dólares al mes a causa de la paralización.

La actividad económica es uno de los tantos beneficios de los parques y otras áreas protegidas, que incluyen también, y en forma central, la protección de la biodiversidad, el agua, la mitigación y adaptación al cambio climático y la identidad cultural, entre muchos otros.

El llamado de los guardaparques en huelga pone a la luz pública un problema aun mayor: la enorme brecha financiera de los parques y otras áreas protegidas en Chile. Somos uno de los diez países del mundo que menos invierte en sus áreas protegidas, con 1,51 dólares por hectárea del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) para 2023, según datos de Terram. En el presupuesto público para el próximo año la inversión en este punto cayó un 21% respecto de 2022, con lo que Chile estaría invirtiendo apenas 1,13 USD por hectárea, 0,5 USD menos del promedio aportado en los últimos 10 años.

En el caso de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) esto se agudiza con una brecha financiera superior al 99%, donde existe un presupuesto de alrededor de 413 millones de pesos (alrededor de 460 mil dólares) para gestionar un 42% de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE), es decir, 147 millones de hectáreas. Esto es apenas 2,8 pesos por hectárea y se termina traduciendo en que hoy no existe el personal necesario para las áreas en los territorios. Por ende, las acciones imprescindibles para velar porque las AMP alcancen los objetivos por los que fueron creadas son limitadas, y la buena gobernanza, la fiscalización, el monitoreo y la evaluación de la efectividad muchas veces no pasan de la planificación, lo que significa que la mayoría de estas áreas sólo están protegidas en el papel.

El llamado inmediato es a atender las demandas de los guardaparques, pero también es clave abordar el problema de fondo de la falta de financiamiento y debilidad institucional de las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas en Chile. El aumento del presupuesto público es clave, así como la aprobación de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para lo cual se requiere urgentemente de voluntad política.

Junto a esto, es también importante innovar en estrategias de financiamiento que puedan abordar de manera más rápida y sostenible las necesidades de la conservación efectiva en las áreas protegidas de Chile. Existen interesantes experiencias en países de la región como Colombia, Perú y Brasil, que han combinado un aumento de presupuesto público con mecanismos financieros innovadores, tales como el impuesto al carbón en Colombia y fuentes mixtas de financiamiento, incluyendo cooperación internacional, donaciones filantrópicas e inversiones privadas. Son modelos que llamamos a estudiar como alternativas para que Chile pueda enfrentar este problema de raíz.

Los guardaparques están al frente de la conservación de nuestra valiosa naturaleza y merecen todo el apoyo en esta misión, que contribuye al país en su conjunto, tanto para la economía como para la protección de la biodiversidad y el combate contra el cambio climático.