El próximo año enfrentaremos uno de los mayores desafíos para la educación superior. El Mineduc enviará un proyecto de ley que busca reformar el sistema de financiamiento para las universidades, CFTs e IPs.

En ese sentido, como universidad pública, estatal y regional, vemos con atención el modelo que se pueda impulsar para lograr, finalmente, fortalecer las universidades del Estado. Pero, ¿Cómo este nuevo sistema de financiamiento aportará valor a los estudiantes, padres y sociedad en general? Es una pregunta que nos hacemos rectores y rectoras.

Así, consideramos que es clave avanzar hacia un financiamiento basal, para dejar atrás la lógica de la subvención a la matrícula en nuestras casas de estudio, dado que, por nuestro rol social y misión institucional, el compromiso con la formación de jóvenes no puede depender solamente de los recursos generados gracias a la contribución del pregrado.

Creemos que esta es una gran oportunidad para generar un ajuste en el financiamiento a las instituciones públicas de educación superior y esperamos dar un salto en el mejoramiento continuo que buscamos realizar desde las universidades estatales. Y no se trata solo de pedir más recursos, ya que hemos demostrado que somos capaces de gestionar eficientemente los aportes estatales y levantar financiamientos por otras vías. Buscamos un trato más equitativo y acorde con el rol que tenemos en la sociedad chilena.

En el caso de la gratuidad, y la discusión sobre los nuevos aranceles regulados, pienso que se deben generar mecanismos diferenciados de acuerdo a la naturaleza de las instituciones. Es el momento para hacer la diferencia porque hemos demostrado con hechos, resultados e indicadores que somos el tipo de universidades que Chile necesita.