Los expertos dicen que el neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938, por el economista alemán Alexander Rüstow quien buscaba una estrategia que permitiese encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. Pero Max Adler y Ludwig von Mises, fueron los primeros, con sus atrevidas teorías, en establecer el concepto laissez faire, hoy en día tan de moda.

Sus impulsores plantean que el único motor de desarrollo en los países lo asumen los inversionistas y empresarios privados y que el libre comercio, sin las incomodidades de la burocracia, garantiza el crecimiento económico al máximo, con lo cual se generan las mejores condiciones de vida para todos como producto de la mayor riqueza material. Para ellos, y para sus actuales seguidores, la justicia social, los sindicatos y la redistribución del ingreso, son trabas que retardan el aumento de la producción de bienes.

Para el neoliberalismo, el Estado debe cumplir exclusivamente sus funciones como organismo director en la organización de la sociedad, de modo que toda regulación es perniciosa y los impuestos a los generadores de productos, comercio y finanzas deben ser los mínimos posibles. Esta doctrina impulsa la privatización de empresas y servicios que están en manos del sector público, bajo la certeza, según ella, de que el sector privado es más eficiente.

Ahora bien, con motivo de las recientes visitas de los renombrados economistas Stiglitz y Mazzucato, planteando ambos que el neoliberalismo es la perdición para los países y que por ello “había que matarlo” (sic), muchos apologistas de ese sistema llenaron las páginas de algunos medios denostándolos y algunos pocos les encontraron la razón. En todo caso, esos encendidos dichos de tales visitantes tuvieron como único propósito buscar titulares en la prensa y, como está visto, lo consiguieron.

Sin inmiscuirme en este tipo de materias técnicas que no son de mi especialidad, modestamente me declaro impulsor del sistema de libre mercado, en donde todos los empresarios respeten las reglas del juego que el Estado se ha dado, que no haya información privilegiada para obtener ganancias mal habidas, ni menos colusión pública-privada, que los servidores de la administración sean competentes en sus labores y que los servicios que fiscalizan sean rápidos en sus resoluciones, virtudes que en Chile no siempre se dan.

Me declaro anti estatista y anti laissez faire, sosteniendo que el mercado es el mejor asignador de recursos y para que este sistema funcione correctamente todos sus intervinientes deben ser escrupulosos en sus decisiones y si tenemos leyes para todos los gustos, éstas deben ser correctamente exigidas y aplicadas, sin que los culpables vayan a tomar clases de ética. La corrupción se puede prevenir con instituciones comprometidas con la decencia y con las buenas prácticas y los gobernantes no pueden ser asesorados por operadores políticos, quienes son meros intermediarios para posibilitar discutibles negocios, sino por profesionales capacitados en cada una de las instituciones públicas.

Dicho todo lo anterior, comparto plenamente lo que dijo, en días recientes en un medio de prensa de derecha, con motivo de una controversia con un conocido neoliberal, el abogado y filósofo chileno, Renato Cristi, en cuanto a que en nuestro país “el neoliberalismo se ha enquistado entre nosotros y cuyos apologistas siguen teniendo acceso privilegiado a la prensa más influyente”.

El día 2 de noviembre pasado se llevó a cabo un interesante seminario en el Centro de Estudios Públicos (CEP), ver link, al cual tuve la oportunidad de asistir. No repetiré ahora lo que he denunciado desde hace años en la Radio Bío Bío y en otros medios efectivamente serios, sobre la lucrativa e ilegal actividad mercantil de la explotación de las parcelas de agrado para fines habitacionales, pero sí se debe destacar que los expositores en dicho seminario, con mayor o menor énfasis, reconocieron que esta actividad comercial no está admitida en el D.L. Nº 3.516 de 1980 ni en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), planteando la necesidad de rectificar el comportamiento de las autoridades, ya que durante más de 30 años todos aquellos que han ejercido el poder político nunca fiscalizaron y tampoco modificaron la normativa, ello debido a que el negocio generaba pingües utilidades.

En mi opinión, los principales culpables, fueron los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado de todos los gobiernos desde la administración de Aylwin. Luego, esa conducta impropia de tantos diputados y senadores se asocia, por razones más que obvias, al neoliberalismo en su máxima expresión, ya que en ese prolongado período el Estado no existía, entendiendo además que muchos ministros, intendentes y políticos de alta alcurnia se desenvolvían, ya sea en la gestión respectiva o como explotadores del recurso suelo rural para desarrollar conjuntos habitacionales sin la más mínima obra de urbanización.

Pero, ¡oh sorpresa!, la directora de Obras de Colina, quien tuvo una brillante exposición en el seminario del CEP, incluso proponiendo soluciones muy aplaudidas por los asistentes para las parcelas ilegales con sus casas habitación ya edificadas, otorgó en los meses de abril y septiembre del año en curso sendos permisos de edificación en terrenos rurales, definidos además como áreas de preservación ecológica, a sabiendas que estaba violando el marco regulatorio. Luego, esa funcionaria pública tiene un doble discurso, uno para la audiencia en ese seminario y otro para los privados que se resisten a respetar las leyes y por ello se justifica el título de esta columna. Queda claro que ahora ella tendrá que invalidar esos dos permisos, así como varios otros que en los últimos años ha entregado en el área rural de esa comuna.

Felicitamos al CEP por la iniciativa que tuvo, como también al arquitecto Pablo Allard en su condición de notable presentador, testimoniando que la exposición más contundente fue la del ministro Montes, debido a su formación académica, buen manejo de la palabra y suma experiencia por haber ejercido cargos de diputado y senador. Ahora tendremos que esperar unos cuantos meses para que se publiquen en el Diario Oficial las modificaciones legales que permitirán, bajo ciertas condiciones, teniéndose presente la vital seguridad alimentaria, las subdivisiones prediales rurales sustentables para que allí se puedan construir viviendas, sin necesidad de que se asocien a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.