Sin duda es una importante señal la que el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso ha dado con la sentencia de 17 años por el delito de explotación sexual comercial infantil, que involucraba a niñas en cuidado del sistema de protección en la residencia Anita Cruchaga del Hogar de Cristo. Sin embargo, este necesario acto de reparación y de Justicia para las víctimas, implica llegar demasiado tarde.

En efecto, tal como se dio a conocer en la comisión presidida por la diputada Maite Orsini, se pudo verificar la inexistencia de mecanismos preventivos y de atención temprana de carácter integral a las, principalmente niñas, víctimas de este delito que es denominado una de las peores formas de explotación.

El Estado ha sido ineficaz en cumplir sus compromisos en la materia, adquiridos en sucesivos “Marcos para la acción”, a tal grado que hoy no tenemos claridad de la magnitud de las víctimas de explotación sexual comercial infantil. Los datos que tenemos hoy corresponden a proyecciones de información levantada en 2004, donde se estima en cerca de 4 mil víctimas, principalmente en el rango adolescente.

La cobertura disponible en el nuevo Servicio de Mejor Niñez se ejecuta a través de 17 programas especializados y se estima que solamente un 25% accede a un cupo, donde más aún cabe preguntarse por la calidad de la intervención que es de alta complejidad y que requiere dispositivos especializados de salud mental que no están disponibles en la oferta vigente.

Asimismo, “Mejor Niñez “debe enfrentar la magnitud histórica de las listas de espera, informada por la Corte Suprema, que afecta a lo menos a 25 mil niños, muchos de ellos víctimas de explotación sexual comercial infantil y de abuso sexual. En esto último, da cuenta de lo relevante de la propuesta que levantó la comisión investigadora para contar con un GES de abuso sexual y que está en proceso de materializarse.

Con todo, el desafío es poder anticiparse y dejar de llegar tarde a través de una Agenda Temprana de Prevención Social, que se haga cargo de los factores de riesgo y desarrolle espacios protectores a nivel local en los ámbitos de la familia, la escuela y la comunidad, que garantice el desarrollo positivo de la infancia con una oferta con evidencia y de carácter preventiva.

Hay iniciativas importantes en el Estado como el “Sistema Lazos” con componentes preventivos en base a programas con sólida evidencia, tales como “Familias Unidas” de la de Universidad de Miami, que requieren no solamente consolidar su presencia en el sistema, sino que ampliar sus coberturas y alcances a nivel regional y local, de tal manera prevenir conductas problemáticas, como el consumo de alcohol y droga que están a la base del involucramiento delictivo y de delitos tan graves como la explotación sexual comercial infantil.

La discusión presupuestaria debe tener presente estos antecedentes y proponer con fuerza implementar esta agenda preventiva para priorizar de una vez por todas a la infancia en nuestras políticas públicas.