Avanzar en materia de equidad territorial y descentralización es una prioridad para Chile. Los representantes de los partidos políticos -que están dialogando para determinar las bases de la Nueva Constitución- así lo han entendido, puesto que este tema fue incluido en los 12 puntos de acuerdo que conocemos hasta ahora. Cabe recordar que en esta materia sí hubo consenso en la Convención Constitucional, ya que con apoyo de más del 75% de los convencionales se aprobó el “Estado Regional” también conocido como estado unitario descentralizado, que buscaba cambiar la visión sobre la distribución territorial del poder, creando regiones y comunas más autónomas, con objeto de contribuir al desarrollo equilibrado, sostenible y armónico de las regiones y comunas del país
Sin embargo, y para ser consistentes, sería importante que dentro de los procedimientos, promoción y espacios de diálogo los municipios cumplan un rol relevante. Por ello, en medio de este debate, la Asociación Chilena de Municipalidades ha pedido ser incluida en el nuevo proceso.
No debemos olvidar que las y los alcaldes cumplieron un rol fundamental en impulsar un acuerdo institucional ante la crisis de octubre de 2019 cuando, transversalmente, a comienzos de noviembre del mismo año convocaron una consulta ciudadana con objeto conocer la opinión de la ciudadanía acerca de la necesidad o no de una nueva Constitución Política. Este consenso puso presión al Congreso para luego alcanzar el acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre.
En esa consulta, la opción de tener una nueva constitución obtuvo un resultado arrollador, con un 92,4% de los más de 2 millones de personas votaron, lo que luego se refrendó en el plebiscito de entrada. Hoy, a 3 años, las prioridades no han cambiado pues según el sondeo de Criteria y el Laboratorio Constitucional de la UDP (Octubre, 2022) muestra que un 79% de los chilenos y chilenas quiere una nueva Constitución, y las 3 primeras prioridades sociales siguen siendo, igual que en la consulta municipal del 2019: pensiones, educación y salud.
Sin embargo, y pese a su importante aporte, los municipios quedaron fuera del proceso constituyente que fracasó. Esto pues su participación no se consideró explícitamente en la reforma constitucional que dio pie al plebiscito de entrada, lo que provocó el cuestionamiento de la Contraloría General de la República a las y los alcaldes que, por distintas vías, intentaron jugar un rol en la difusión y la participación de la ciudadanía en la propuesta de nueva Constitución.
Para no cometer los errores que nos llevaron a la lapidaría derrota en contra los necesarios cambios, los municipios no sólo deben ser un articulador y facilitador desde el Estado para acercar este nuevo proceso a la comunidad, cuestión que los convencionales no lograron, sino como informantes activos, ya que sabido es que la mayoría de las personas se informaron sobre el proceso y el nuevo texto a través de redes sociales, expuestas a la manipulación de sectores extremos y las ya comunes noticias falsas, que solo debilitan el debate y la legitimidad de los procesos democráticos.
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