El fin de un sistema de pensiones único en el mundo

Las AFP fueron creadas para invertir en el sistema financiero y asegurar el lucro privado a costa de las pensiones de las jubiladas y jubilados. Por eso, hace casi una década ya repletábamos las calles exigiendo un verdadero sistema de seguridad social público, solidario y tripartito, con el objeto de reemplazar a las administradoras de la dictadura. Ahora por fin, con el gobierno de Gabriel Boric, se avista una reforma de pensiones, que tiene por objetivo instaurar un sistema solidario, mejorando las actuales y futuras pensiones, y acabando con las brechas de género.

Pero la derecha, sin ningún interés en poner en el centro a las y los jubilados – totalmente invisibilizados e invisibilizadas en este debate-, y lejos de discutir sobre cómo resolver las pensiones de miseria, insisten en llevarnos a un círculo vicioso de la propiedad de los fondos, desviando la discusión central, cuando la verdad es que durante 40 años han instaurado un sistema de pensiones basándolo en la “propiedad”, sin resolver ninguno de los problemas a los que debiera responder la seguridad social. Entonces, ¿por qué se resisten a terminar con las AFP? Porque son las financistas de las campañas del Partido Republicano, UDI, RN y Evópoli, como deja en evidencia el último estudio de Fundación Sol, que devela que los directores de las AFP Provida, Capital, Modelo, Cuprum y PlanVital, aportaron millones.

El sistema de AFP fue impuesto en dictadura bajo el criterio de permitir al sector empresarial desprenderse completamente de la previsión de los trabajadores y trabajadoras, al punto que Chile es el único país de la OCDE donde los empleadores no aportan un solo peso a la previsión. Asimismo, es el único en el mundo donde la capitalización individual es el único pilar contributivo, y donde no existe solidaridad como un principio básico.

En ese sentido, es importante entender que basar el debate en la “propiedad de los fondos de pensiones” lleva por debajo la defensa del lucro, como hemos visto en el Congreso y en las publicidades de las AFP en los medios de comunicación, faltando a la verdad al decir que hay derecho de propiedad sobre los fondos, cuando las pérdidas las asumen los mismos trabajadores y las trabajadoras, quienes no pueden disponer de los fondos de pensiones que han ahorrado libremente, ni en el actual sistema ni en ningún otro en el mundo.

Así, nuestro sistema ha servido para la inversión de grandes grupos económicos como Cencosud, Falabella, LAN, Colbún, Soquimich, Banco de Chile, Banco Santander, BCI y banco Bice, entre otros; en Chile nuestros ahorros pueden terminar siendo el capital que permite a estas instituciones financieras darnos créditos que luego nos ahogan. Negocio redondo.

Las más afectadas y afectados por la capitalización individual son quienes trabajan informalmente, cuyas trayectorias están marcadas por la discontinuidad y la rotación laboral, y quienes efectúan labores domésticas y de cuidados sin ninguna remuneración, mayoritariamente mujeres. A todas esas personas, como sociedad les estamos diciendo que se rasquen con sus propias uñas.

En este contexto, luego de los diálogos tripartitos impulsados por el Gobierno, inicia el debate de reforma previsional, donde empujaremos un sistema de seguridad social universal, guiado por criterios de solidaridad intra e intergeneracional, y administrado por un órgano público autónomo que cuente con la participación de las y los trabajadores, elegidos democráticamente, garantizando el derecho a pensiones dignas, con un sistema que no lucre con ellas y entregue la calidad de vida que las personas mayores merecen luego de tantos años de trabajo.

Un sistema de seguridad social es un mínimo en cualquier país que quiera llamarse democrático. Se trata de nuestra capacidad de construir herramientas solidarias para enfrentar las necesidades en aquellos momentos en que no podemos valernos por nosotros y nosotras mismas ni de nuestro trabajo. Salud, invalidez, cesantía, vejez. Todos ellos, de acuerdo a los estándares internacionales, guiados por el principio de solidaridad.

Para eso, el 6% solidario será clave, porque está pensando no sólo para aumentar las pensiones a futuro, sino para subir también las actuales, y con perspectiva de género, haciéndose cargo de las brechas que existen hoy entre hombres y mujeres, lo que nos acerca a recuperar el derecho a una vejez digna.