En tiempos en que aún se responde más a la forma que al fondo en diversas materias de interés nacional, urge canalizarlas para que sean diseñadas en forma óptima e implementadas en forma progresiva.

Desde el categórico rechazo a la propuesta constitucional el día 4 de septiembre, hay algunos que aun creen que es posible mantener los afanes de refundación en salud, independiente de los dolores y sufrimientos sanitarios actuales y de los problemas cotidianos de la ciudadanía, es decir, a pesar de las largas listas de espera y de la ausencia de un programa progresivo de nueva organización, gobernanza, gestión y fortalecimiento de la red pública y su seguro así como de la temporalidad de estos cambios. También, existen otros que propician el rechazo absoluto a cualquier cambio en cualquier tema. Entonces ¿qué deberíamos evaluar y asegurar en la Constitución respecto a salud? ¿Debemos mantener el art 44 tal como está? Mi respuesta definitiva es NO.

La OMS define a esta como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Así, el derecho a la protección de la salud, establecido en la Constitución actual, debe no sólo asegurar ello, sino también, que, en su aplicación, se haga sin incurrir en distinciones de raza, políticas o de religión, o que las condiciones económicas y sociales de una persona limiten el ejercicio de este derecho. Los efectos de estos principios se deben conseguir sin destruir lo ya avanzado en el sistema de salud por más de 50 años, alabado reiteradamente en cuanto a resultados sanitarios. Esto, gracias a un sistema de salud mayoritariamente mixto y a lucidez de especialistas que propusieron grandes políticas públicas progresivas que, asociadas a flexibilidad para establecer alianzas y coordinaciones intersectoriales, se ha adaptado al desarrollo tecnológico, a los cambios epidemiológicos, a un crecimiento demográfico y a un fenómeno migratorio creciente.

La integración en la prestación y en el aseguramiento debe ser un derecho palpable especialmente en los temas más dolorosos como listas de espera, salud mental y enfermedades neoplásicas. Esté elemento conceptual debe quedar plasmado en la nueva propuesta de carta fundamental. Por lo tanto, se deben asegurar derechos, no la creación operativa de servicios únicos estatales ni menos la desaparición de derechos como la libre elección.

Es evidente que, como parte de los cambios legislativos y respuesta a la suscripción de derechos constitucionales sanitarios, la creación de un sistema nacional de salud fuera del ámbito del Ministerio sectorial con profesionalización de gestión, inversión y administración es un hecho crucial y estratégico básico. Es contraproducente y contracultural reformar al revés, no es posible generar más demanda pues no es posible generar más oferta aún cuando los discursos de la libre elección hayan cambiado y se haya eliminado la prescindencia de la participación de los prestadores privados como organizaciones de salud.

Sin duda el déficit en camas es aún notorio, y su solución está en una sana integración público-privada, mejorada en su forma y con una mayor regulación. A través de un sistema mixto se preserva el ejercicio libre de pequeñas y medianas empresas de salud o servicios clínicos privados o semiprivados, primando la libertad de elegir y proveer.

En la actualidad nada limita la discusión legislativa de un Plan único universal de salud que debiese incluir atención cerrada y abierta, GES, ley Ricarte soto, fármacos, atención odontológica, así como la asistencia domiciliaria en pacientes postrados, los cuidados paliativos, y los elementos requeridos para rehabilitación. Este programa debe ser nacional y único, no obstante poder escalar en elección con un pago adicional. Lo mismo sucede en la modernización del seguro público y avanzar en la discusión en la reducción del gasto de bolsillo de los usuarios.

Si bien la forma de organizar el sistema de salud no debe ser parte de la nueva Carta Fundamental, es clave comenzar a abordar estas áreas, con una red asistencial distanciada de la política contingente y concentrar en el Ministerio de Salud la rectoría nacional sanitaria.

Sí, necesitamos una nueva propuesta en salud, menos estatista y más ciudadana.