Algunas personas me preguntan en la calle, cuál es la razón que tengo para referirme en esta tribuna, en forma tan descriptiva y crítica a situaciones ilegales que se producen en el mercado, a veces toleradas por el aparato del Estado, situaciones que otros columnistas como los medios de expresión del establishment no publican y otros tantos me dicen que soy el “terror” de las inmobiliarias.
A dichos ciudadanos invariablemente les he contestado que el silencio cómplice en aquellos se produce para no incomodar a quienes detentan el poder económico y que no soy el “terror”, por razones obvias, de las inmobiliarias que respetan las leyes. Esa es la ventaja que tenemos los que, conociendo el funcionamiento de ciertos sectores de la economía, no somos dependientes de nadie y que, con convicción, propugnamos el acatamiento de las normas regulatorias en el mercado.
Como demostración de nuestro aserto, informamos que con fecha 12 de octubre de 2022 se publicó en el vespertino La Segunda la columna de opinión titulada “La otra verdad de los guetos verticales” suscripta por Fernando Marín, miembro de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), en la cual fustiga a las instituciones del Estado al manifestar en epígrafe que “La sucesión de acciones u omisiones que se contradicen entre sí fueron factor importante en generar un grave problema” (sic).
Ese mismo día le enviamos a Mauricio Gallardo, director de ese medio de prensa, la respuesta que merecía la columna antes mencionada para que así sus lectores conocieran el efectivo desarrollo de los hechos, lo que reiteramos los días 13 y 14 del mes en curso y como dicho periodista tomó la decisión de censurarla para así establecer como hechos ciertos las acusaciones del arquitecto Marín, nos vemos en la obligación de desmentirlo a través de este medio comprometido con la verdad y con la libertad de expresión.
Pues bien, en la burda columna que no se pudo desmentir en la propia La Segunda, dicho columnista dice que entre los años 2014 y 2016 se otorgaron 75 permisos de edificación con agrupamiento continuo en un sector de la comuna de Estación Central que no contaba con un Plan Regulador Comunal (PRC) y que, por ello, al no estar fijada la altura de los edificios en un instrumento regulador, la Seremi Metropolitana de Santiago emitió su ORD. 2138 del 2 de abril de 2016, estableciendo que todos los actos administrativos eran ilegales, haciendo hincapié que una interpretación administrativa no puede tener efecto retroactivo.
Buscando la transparencia, le aclaramos a ese arquitecto y al mismo medio que le dio cobertura noticiosa que, con fecha 10 de julio de 2007, 108 meses antes del año que él alude, su colega Luis Eduardo Bresciani, en su condición de funcionario público como jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, emitió su ORD. N° 0549 dirigido al señor Marco Antonio Vidal, director de Obras Municipales (DOM) de Estación Central, informándole que no es posible la edificación continua, sin normas que la delimiten, enfatizándole que no procede que el DOM señale una altura a este tipo de edificación, en tanto no se perfeccione dicha norma en el instrumento de planificación respectivo.
El funcionario del gobierno central instó al funcionario municipal a que no tuviera un comportamiento arbitrario y éste, como era su deber, acató esa instrucción ministerial. Así fue como el señor Vidal, de profesión ingeniero civil, obviamente nunca cursó permisos de edificación con agrupamiento continuo y cuando falleció en el año 2013, asumió el cargo de DOM de Estación Central el arquitecto Armin Seeger, quien a partir del año 2014 empezó a otorgar permisos con esa característica, sabiendo que eran improcedentes.
Por ese motivo quien suscribe, con otras 5 cinco personas, arquitectos Miguel Lawner, Miguel Prieto, Jonás Figueroa, ingeniero civil Antonio García y dirigente social Alejandro Verdugo, que tienen competencia en la materia, interpusimos una querella criminal por el delito de prevaricación administrativa en contra de los funcionarios municipales que cursaron los aludidos 75 permisos. Enseguida, el actual alcalde Felipe Muñoz, amplió la querella en contra de otros funcionarios desobedientes de su municipio.
La causa judicial está siendo investigada por la fiscal Giovanna Herrera, titular de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, dejándose en claro que este episodio fue resuelto por la Contraloría General de la República, mediante varios dictámenes que declararon la ilegalidad de los permisos, lo que fue ratificado por otros tantos fallos de la Corte Suprema, con lo cual se evidencia que en este caso no hubo “retroactividad” y que, las instituciones públicas actuaron conforme al mandato legal. Obviamente los 6 ciudadanos que interpusimos la querella criminal ya declaramos en las oficinas de la PDI, sin saber si el alcalde Muñoz lo hizo, informando que la semana pasada los sabuesos de la policía ingresaron al municipio, descerrajando cajones de escritorios de funcionarios para incautar documentos.
En el período en que Rodrigo Delgado ejercía el cargo de alcalde, se otorgaron innumerables recepciones finales de obras, a pesar de que la Contraloría lo impedía, situación que entendemos tendrá que analizar en su mérito la fiscal Herrera, señalándose que, según hemos sabido, está prosperando la idea que este columnista le hizo tiempo atrás a Cristián Monckeberg, cuando éste ejercía el cargo de ministro del ramo, en cuanto a establecer compensaciones económicas, por parte de los titulares de los proyectos, a favor de la comunidad de Estación Central, ello contra las recepciones finales de obras de sus edificios, como una forma medianamente justa para resarcir a los perjudicados y solucionar definitivamente esta engorrosa situación pendiente. Así miles de “promitentes compradores” de este tipo de departamentos que no cuentan con recepciones finales de obras, podrán perfeccionar las escrituras de compraventa y ocuparlos.
Estamos en conocimiento de la interpelación escrita formulada por el colectivo social Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central dirigida a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, con copia a diversas instituciones públicas, para que esa función ministerial decrete, conforme lo ordena el artículo 59° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la demolición de estos edificios, ello a pesar de que en Chile este aspecto de la ley no se cumple.
Finalmente, con ánimo realista y práctico, percibimos que en la comuna de Estación Central operará la propuesta de las compensaciones económicas, asunto que anteriormente en la Radio Bio Bío, hemos sugerido a todos los agentes públicos que adoptan las decisiones. Valga la oportunidad para señalar que, en el año 2017, en reunión en sus oficinas, le propusimos al directorio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) esta razonable solución, la que, por diferentes motivos, no fue aceptada.