La Agenda y Prioridades Legislativas en materia energética presentada por el nuevo ministro de Energía, Diego Pardow, tiene como meta generar las condiciones habilitantes que garanticen el proceso de transición energética y descarbonización al año 2030. Si bien la meta es interesante y los titulares de la propuesta se hacen cargo de varios desafíos, faltan acciones concretas.

El documento se hace cargo positivamente del Proyecto de Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, materias que sin duda son urgentes y cuya aprobación esperamos que se concrete pronto, así como de otros elementos en materia de gas, pobreza energética e hidrógeno verde.

La propuesta energética sería más completa si se le diera un rol preponderante al proyecto de Ley de Distribución con una visión focalizada en el cliente final, la medición inteligente y mayor competencia en servicios de gestión de demanda y eficiencia energética. Antes de promover la participación de la electromovilidad en el mercado eléctrico y otros elementos de gestión de demanda, es indispensable cambiar la cultura de los consumidores y que ellos perciban con claridad el valor agregado que les significa, cosa que debe tener como línea base la implementación de medidores inteligentes. Resulta imperativo generar las condiciones y los incentivos para que los propietarios de las redes sean habilitadores y no opositores. En esta línea, se podría repensar el esquema tarifario de distribución hacia el Revenue Decoupling (desacoplamiento de ingresos) por empresa.

En paralelo, al proyecto de Ley de Modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contribuiría más al futuro energético de Chile si se le sumaran atribuciones para auditar y fiscalizar la ejecución presupuestaria y accountability del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y también modernizar la gobernanza, funciones y control de gestión de este último.

Las energías renovables también fueron consideradas en la Agenda. Cabe destacar que este sector ha demostrado eficazmente y con creces su capacidad de ejecución y que no requiere subsidios. Aumentar la cuota es fútil y resultaría mucho más efectivo el corregir la normativa de impuestos verdes para que ellos sean considerados en la orden de mérito para el despacho de las centrales de generación. El proyecto de Ley de Cuotas de Energías Renovables considera el almacenamiento, pero omite otros requerimientos indispensables para el desarrollo de esta industria como un avance armónico en la disponibilidad de recursos de transmisión y flexibilizar la operación del sistema.

El corregir distorsiones en el desarrollo de la transmisión debiera ser uno de los temas centrales. Si bien se declara la relevancia de reforzar el sistema de transmisión, no se incluye como prioridad ni tampoco en la Agenda. ¿Qué estamos haciendo en materia de interconexiones regionales? ¿Por qué no volvemos a dar incentivos de eficiencia en el dimensionamiento de activos de transmisión? ¿Qué estamos haciendo para que los futuros refuerzos y nuevas líneas no se atrasen argumentando “fuerza mayor”?

El futuro energético de Chile requiere de una visión sistémica y de largo plazo y esto pasa por la Agenda y Prioridades Legislativas que tiene que fortalecer el desarrollo de la distribución y la transmisión. Aquí se encuentra nuestro gran “cuello de botella”, debido a que estos cambios son más lentos tanto por la magnitud de estas inversiones, como del período que su ejecución requiere para quedar operativas. Siento que estamos muy enfocados en la cacería de brujas, en lo urgente, pero dejando de lado lo importante.