Lo que se dice a continuación, con tanto detalle y exactitud, no se ha relatado por ningún medio de prensa, razón por la cual vale la pena tener en cuenta este vergonzoso episodio para que no se repita, si queremos que próximamente las instituciones del Estado y el sistema de libre mercado funcionen correctamente.
En el año 1988, después del plebiscito que perdió el gobierno de facto, se desafectaron 5 hectáreas del área verde riberana al río Mapocho, sector oriente de Santiago, que formaban parte del proyectado Parque Las Américas y para ello se publicó en el Diario Oficial un Plan Seccional con normas urbanísticas acotadas que admitían solo la construcción de viviendas de hasta 2 pisos y en ciertos sectores minoritarios edificios con alturas máximas de 4 pisos.
Antes del término de la dictadura cívico-militar el Ministerio de Bienes Nacionales, acorde a lo anterior, le vendió directamente a la recién conformada “Inmobiliaria Parque Las Américas Limitada” ese extenso predio fiscal, denominado Lote 2-C, localizado en aquella época en la comuna de Las Condes. Esa obsequiosa operación pública-privada fue autorizada por el decreto supremo N° 886 del 14 de noviembre de 1989, “por orden del general de Ejército y presidente de la Republica Augusto Pinochet Ugarte”. Como el negocio entre las partes ya estaba acordado, en dicho decreto se estipuló que la empresa compradora se debía regir por el aludido Plan Seccional Parque Las Américas para construir su negocio inmobiliario.
Dicho terreno de 50.327 m2 está ubicado, según la transferencia, entre las calles Isabel Montt, Narciso Goycolea, sitio municipal y avenida Parque Las Américas, territorio que actualmente forma parte de la comuna de Vitacura y el 30 de enero de 1990, pocos días antes de que asumiera el gobierno democrático de Patricio Aylwin, se firma la escritura de compraventa entre el Fisco de Chile y la señalada inmobiliaria en la notaría de Raúl Undurraga, fijándose un precio de UF 81. 566 que la elegida compradora paga al contado y enseguida se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, dejándose establecido que el amplio terreno está exento de pagar el impuesto territorial (sic).
La Inmobiliaria Parque Las Américas posteriormente vende el terreno al fondo de Inversión Cimenta que, en el año 1998, obtiene de parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Vitacura el permiso de edificación N° 202 por 18 torres habitacionales de entre 15 y 24 pisos de altura, por lo tanto, vulnerándose abiertamente las restringidas normas urbanísticas del mencionado Plan Seccional.
Los vecinos perjudicados por las abusivas y por lo tanto ilegales características del permiso de edificación, tomaron contacto con este columnista, con el diputado y arquitecto Patricio Hales y con la arquitecta Israela Rosenblun y debido a que les aseguramos que el permiso estaba mal cursado, reclamaron ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo, instancia del gobierno central quien, después de mucho pensarlo y calcular sus consecuencias, emitió un oficio reconociendo la ilegalidad del permiso, pero diciéndole al Director de Obras de Vitacura que “procediera en consecuencia” y como el funcionario municipal no quiso entender aquello, posibilitó que la inmobiliaria sin darse por aludida, iniciara las obras de los mega edificios.
Ante tal voluntaria desinteligencia los vecinos aledaños llevaron el caso a la Contraloría General de la República, cuyo titular entonces era don Arturo Aylwin, quien, conocedor de las malas prácticas empleadas por algunos empresarios, más aun teniendo presente las presiones ejercidas por diestros lobbystas, optó por no inmiscuirse, pidiéndole al sub-contralor Jorge Reyes que resolviera.
Pues bien, los funcionarios que investigaron la denuncia encontraron 5 causales de ilegalidades, pero la segunda autoridad del ente fiscalizador, Jorge Reyes, en su dictamen N° 44.492 del 20 de noviembre de 2.000, optó por ignorar las ilegalidades cometidas porque, según él, aplicar la ley “podría comprometer la responsabilidad civil extracontractual del órgano administrativo que emitió el acto irregular, pues dicho actuar por ser viciado y ocasionar un daño, configuraría una especie de mal funcionamiento del servicio que haría procedente el pago de una indemnización”.
Debido a ese despropósito, corrupción pura y dura, el competente y serio abogado Pedro Bosch, representando a 28 vecinos de Vitacura, interpuso un recurso de protección en contra del subcontralor Reyes, porque éste actuando como Contralor General subrogante en su dictamen N° 44492 del año 2.000 se negó a anular o revocar el permiso de edificación N° 202/98, lo mismo que hizo su colega Cristián Bulnes, representando a otros 13 vecinos del mismo sector de Vitacura.
Transcurrió el tiempo y el 13 de abril de 2007, cuando la mayoría de los edificios ilegales estaban construidos, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo “para el bronce”, le da la razón al sub-contralor, manifestando entre otras sandeces que no siempre las infracciones al principio de juricidad acarrean la nulidad del acto, concluyendo que las “irregularidades”, sin reconocer que eran graves ilegalidades, solo pueden ser investigadas y determinadas en un procedimiento sumarial y de esta manera tan liviana desestimó ambos recursos de protección.
La Suprema validó esa sentencia y el irrisorio dictamen N° 44492 del año 2.000 de la Contraloría los lectores pueden revisarlo para conocer cómo los influyentes y poderosos actores de los mercados siempre salen airosos cuando se detectan sus pillerías. Copia de este indecoroso dictamen se lo entregamos, años después, en una reunión sostenida con el contralor Ramiro Mendoza, a quien le representamos el comportamiento de ese sub-contralor.
Como vemos, gracias a las violaciones urbanísticas, vicios de fondo que conocieron todos los órganos competentes, los privados que negociaron con Pinochet y los que levantaron las 18 torres ilegales lograron una excelente y mal habida utilidad con sus inversiones. Algunos personajes o ellos mismos podrían sostener que, con ese permiso contrario a derecho, dieron trabajo a sus jornaleros y empleados, buscando el progreso del país ofertando mayor cantidad de viviendas en el mercado.
A la luz de lo que se refleja en nuestras semanales columnas de opinión publicadas en esta tribuna, hasta el día de hoy se mantiene la antijurídica política de los hechos consumados, pues los abúlicos agentes públicos que deben fiscalizar y exigir el apego a la ley prefieren acomodarse al imperio de la Ley de la Selva. Valga la ocasión, para reconocer la notable labor de los abogados Pedro Bosch y Cristián Bulnes, quienes, con las armas de la decencia y probidad, se enfrentaron de menor a mayor, a quienes administran y controlan el país.