El parque Bustamante localizado en la comuna de Providencia y en la comuna de Ñuñoa, y el parque Araucano localizado en la comuna de Las Condes, son espacios verdes públicos, listados en el artículo 5.2.3.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en los cuales se pueden ejecutar equipamientos de áreas verdes, recreacional-deportivo, culto, cultura, científico, esparcimiento y turismo al aire libre, ocupándose solo el 5% de la superficie del suelo y con un coeficiente máximo de constructibilidad de 0,05. Queda claro que las actividades comerciales lucrativas no están admitidas.

Desde hace tiempo estamos criticando a los actores del mercado que les gusta sacar ventajas en sus inversiones y por ello recordamos que, en el Parque Araucano en Las Condes, después de denuncias ciudadanas, la Contraloría General de la República en su dictamen N° 28462 del 8 de mayo de 2013 resolvió que era absolutamente ilegal el centro comercial Kidzania construido y explotado en esa área verde, con una concesión, por el inversionista Entretenciones Boetsch S.A., asunto que se aprecia en link.

Es más, el ente fiscalizador ordenó instruir un proceso disciplinario en ese municipio a fin de determinar las responsabilidades administrativas de todos aquellos funcionarios que intervinieron en los otorgamientos de los permisos truchos. En esa época el alcalde era el político UDI y empresario, Francisco de la Maza, y nunca se conocieron las sanciones, a pesar de que hubo falsedades en la tramitación de la concesión: para que se aprobara el negocio se expresó que se trataba de una actividad deportiva permitida, como ya se dijo, en el PRMS.

Otro caso similar, es el deseo de la Inmobiliaria Alcázar SpA. apoyada solidariamente por las anteriores autoridades municipales de Ñuñoa, de construir en un sector de esa comuna del Parque Bustamante una especie de mall con innumerables locales comerciales y estacionamientos, también con una concesión por 35 años, iniciativa mercantil que, gracias a la oposición y el conocimiento legal de las organizaciones sociales, fue desbaratada por un reciente fallo de fecha 25 de agosto de 2022 de la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 592-2021).

Este proyecto fue declarado por la municipalidad “de interés público”, utilizándose para ello, con ciertos ardides, la ley N° 19.865 de Financiamiento Urbano Compartido. Entendemos que el exalcalde, Andrés Zahri, hombre buena persona y por ende, en cierta medida ingenuo, y los funcionarios que ejercen hasta el día de hoy los cargos de Asesora Urbana, María Ana García y Director de Obras Municipales, Patricio Reyes, deberán estar muy tristes con este desenlace. Este asunto se observa en link.

Duro trabajo le corresponderá ahora, con el apoyo de sus funcionarios de confianza, a la nueva alcaldesa, Emilia Ríos, pues entre los Directivos del Municipio que actuaron activamente a favor de la inmobiliaria, permanecen todavía 3 de ellos en sus funciones. Suponemos que el actor privado no querrá perder este negocio, a pesar de que el artículo 5.2.3.1 del PRMS lo impide y por ello, argumentando “buena fe” (sic) y que, en pedir no hay engaño, posiblemente irá a la Corte Suprema.

Como vemos, en ambas situaciones las municipalidades de Ñuñoa y Las Condes, apoyaron a los inversionistas para que desarrollaran sus proyectos que violan las reglas del juego y por ello, cualquiera sea el resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre, sería deseable que el sector público se decida, aunque le cueste, a ejercer sus roles para que el mercado funcione como en los países civilizados del primer mundo. Ello es difícil, pero no imposible.