El 4 de enero de 2021, diecinueve meses atrás, nos vimos forzados a publicar en esta tribuna la columna de opinión “Los dictámenes atrasados de la Contraloría son insuficientes”, ver link, texto que le recomendamos conocer a los lectores de este medio de prensa que no esconde, como otros, las prácticas indecorosas empleadas por algunos actores privados que se desenvuelven en los negocios de la explotación comercial del recurso suelo.

En su primer párrafo describíamos 2 situaciones determinadas, una relacionada con un permiso de edificación ilegal cursado por la Municipalidad de La Florida a la empresa Besalco, la que, con ese permiso, construyó un edificio de 17 pisos violando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) al no calcular correctamente los conos de sombra, con lo cual se perjudicó a los vecinos que residen en viviendas unifamiliares. El dictamen respectivo de la Contraloría fue desacatado por ese díscolo municipio y para “regularizar” el grave hecho, el propio presidente Piñera, experto en elaborar “trajes a la medida”, firmó un Decreto Supremo con su ministro Ward, modificando la OGUC respecto a cómo se calculan tales conos y así se configuró uno más de los miles de hechos consumados que se conocen.

El otro asunto se relaciona con una equivocada Circular emitida por la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, ante lo cual le proponíamos al Colegio de Arquitectos de Chile que emitiera un juicio, entendiendo que esa orden profesional cuenta con un Comité de Ética. Su directorio optó por esconderse y nunca expresó opinión alguna, lo que no nos extraña.

En todos los otros párrafos de esa columna dábamos cuenta, entregando muchos antecedentes, de un negocio inmobiliario de 25 edificios habitacionales en la calle Vital Apoquindo 1.400-1.450-1.500, comuna de Las Condes, cuyo permiso de edificación N° 37 del 29/03/18 fue declarado ilegal por la Contraloría. En el último párrafo de nuestra columna de enero de 2021 decíamos “ahora, al conocerse las ilegalidades contenidas en el permiso, esperamos que el presidenciable y mediático Joaquín Lavín influirá ante el inversionista de marras, para que solicite un nuevo permiso de edificación, respetando todas las disposiciones del PRC de Las Condes y las sectoriales de nivel nacional”.

El entonces alcalde Lavín no movió un dedo para que el asunto se resolviera conforme a derecho, pero recientemente, Pablo de la Llera, en su condición de Asesor Urbano de Las Condes, le contesta el 22/07/22 a su colega arquitecta Claudia Ruiz, jefa del departamento de urbanización, que todavía hay asuntos pendientes en el aspecto del tratamiento del espacio público de este cuestionado proyecto. Se aludía al área verde “Parque Canal El Bollo”, ver link.

En razón de ello y como las faenas del proyecto no se han iniciado, debido a que han transcurrido más de 3 años desde su emisión, conforme lo ordena el artículo 1.4.17 de la OGUC, la arquitecta Rocío Crisosto, titular de la Dirección de Obras Municipales, debería proceder a declarar su caducidad, lo que no sabemos si ha ocurrido. En los últimos días hemos tenido contacto telemático con dicha profesional, buscando que se ejecute dicha inversión inmobiliaria, pero respetándose en su integridad el dictamen N° E58945/2020 del 11/12/20 de la Contraloría, pues en sentido contrario estaríamos ante nuevas y procaces trampas que quedarían impunes.

Ya que el exalcalde Lavín se desentendió de este delicado asunto, esperamos que Daniela Peñaloza, actual alcaldesa de Las Condes, asuma con convicción y probidad su rol de máxima autoridad municipal para que este negocio se desarrolle respetándose todas y cada una de las reglas del juego imperantes. Los arquitectos del proyecto son José Luis Ugarte y el premio nacional de Arquitectura Juan Sabbagh, quienes deberían compartir nuestra apreciación con el propósito de que exista “certeza jurídica” en el mismo.

Finalmente, no nos podríamos poner en el hipotético escenario de que la alcaldesa Peñaloza se llegara a comportar como su antecesor en el cargo, pues si fuera así, querría decir que la corrupción es la regla de oro en Las Condes. Por el contrario, confiamos en ella, pues los 2 arquitectos del proyecto, como los socios de la Inmobiliaria Mirador Oriente S.A., recapacitando, privilegiarán la honestidad comercial, dando un buen ejemplo en el mercado y por ello la directora de obras municipales tendrá que emitir un próximo acto administrativo que nadie podrá objetar pues será 100% legal.