El reciente ingreso de dos proyectos de Australis Mar al Servicio de Evaluación Ambiental, para aumentar la producción de salmones en dos centros de cultivo emplazados al interior de la Reserva Nacional Kawésqar resulta preocupante, especialmente cuando uno de estos se encuentra hoy sometido a un procedimiento sancionatorio ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por haber sobrepasado en 1.491 toneladas los niveles de producción autorizados.

El pasado mes de julio, la empresa Australis Mar presentó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dos proyectos para ampliar la producción de biomasa autorizada en los centros Goddard y Morgan, ubicados al interior de la Reserva Nacional Kawésqar en la región de Magallanes, solicitando pasar de 5.967 a 8.500 toneladas (ton) de salmón por cada ciclo productivo en cada uno, lo que equivale a un aumento del 42% de su producción.

Lo anterior resulta inaceptable si se tiene a la vista que el titular de ambos proyectos -que enuncia como una de sus misiones un desarrollo sustentable de las comunidades y el entorno-, ha sido objeto de seis procedimientos sancionatorios iniciados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tres de los cuales incluyen cargos en su contra por haber producido un total de 10.292 toneladas por sobre lo autorizado, entre los centros Córdova 3, Estero Retroceso y Morgan -este último, justamente donde la empresa solicita ahora ampliar la biomasa-, todos ubicados al interior de la Reserva Nacional Kawésqar.

En línea con lo anterior, recientemente, el superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, señaló sobre la sobreproducción de centros salmoneros que “esta es de las infracciones que más nos preocupan, por los efectos ambientales que causan”, y ciertamente, los impactos ambientales derivados de la sobreproducción de biomasa son variados, tales como el aumento en la demanda de oxígeno sobre los ecosistemas costeros, lo que puede generar condiciones anaeróbicas; el uso de químicos y antibióticos que pueden afectar la biodiversidad y provocar riesgos para la salud; impactos derivados de las descargas de nutrientes, los cuales podrían facilitar el florecimiento de algas nocivas; y también un mayor riesgo de escapes masivos de salmones, producto de una mayor concentración de peces, con diversas consecuencias para el equilibrio del ecosistema.

Un segundo aspecto preocupante dice relación con el emplazamiento de estos centros de salmónidos al interior de áreas protegidas, y es que resulta paradójico que frente a las recientes declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre la necesidad de sacar a la industria salmonera de las áreas protegidas, la autoridad ambiental continúe acogiendo a trámite aumentos de producción de esta especie exótica vía Declaraciones de Impacto Ambiental, sin respetar la legislación vigente, en centros que se emplazan al interior de Reservas Nacionales y que, además de ello, son de titularidad de empresas que año tras año han venido demostrando un funcionamiento al margen de la normativa ambiental.

De esta manera, es indispensable que exista rigurosidad y uniformidad de criterios de parte de los distintos órganos del Estado con competencia en la materia, sobre todo al momento de adoptar decisiones que puedan implicar un crecimiento y/o expansión de esta actividad. No se debe olvidar que estamos hablando de una industria que durante años ha obtenido ganancias millonarias a costa de la destrucción de ecosistemas marinos, cuya tasa de crecimiento es del orden de 105% anual en promedio durante los últimos 30 años, y sin reparo alguno al momento de operar por sobre los límites de producción máxima autorizada.

Cabe tener presente que, pese a haber existido una moratoria durante los años 2010 y 2020 que prohibió el ingreso de solicitudes de nuevas concesiones en las regiones de Los Lagos y Aysén, la industria incrementó su producción de salmónidos debido a que se les permitió aumentar la biomasa a cultivar en las concesiones otorgadas.

El daño ambiental que puede derivar de una mayor sobrecarga de los ecosistemas marinos ha quedado de manifiesto en los recientes casos de sobreproducción de la empresa Nova Austral al interior del Parque Nacional Alberto De Agostini, lo que llevó a la SMA a revocar tres Resoluciones de Calificación Ambiental a dicha empresa, criterio que, desde Fundación Terram, consideramos debe seguir aplicándose para quienes incurran en conductas de sobreproducción al interior de áreas protegidas y, de igual forma, debería ser considerado durante la etapa de evaluación ambiental de proyectos, especialmente a través de la implementación del enfoque ecosistémico y el principio precautorio, ambos expresamente reconocidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Por lo anterior, es necesario que el actual gobierno renueve el congelamiento o moratoria al otorgamiento de nuevas concesiones salmoneras y ampliaciones de biomasa, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, mientras no se determine y conozca la capacidad de carga de los ecosistemas acuáticos donde se emplazan.

Maximiliano Bazán y Pablo Rojas, periodista y abogado respectivamente de Fundación Terram.