El próximo 4 de septiembre tendremos un plebiscito con voto obligatorio en el que podremos decidir si aceptamos o no la propuesta de nueva Constitución. Se trata de una decisión crucial que se debiese dar como fruto de un debate en torno a lo que realmente esto implica: el camino a recorrer en los próximos años y las reglas del juego del país con relación a su funcionamiento, sistema político y consagración de derechos fundamentales.

Sin embargo, desde la sociedad civil –sector que durante años ha propuesto y trabajado en la demanda e implementación de agendas transformadoras para el fortalecimiento de la democracia y la garantía de los derechos humanos– vemos con preocupación que, a menos de seis semanas del plebiscito, el debate público se vea desplazado por un clima de desinformación y noticias falsas. Esto, en desmedro de las preocupaciones sociales que abrieron este proceso constituyente.

Hace meses, una encuesta de Datavoz advirtió que más de la mitad de quienes se informan en redes sociales sobre la Convención Constitucional, habían recibido información falsa. La semana pasada, de acuerdo a Contexto Factual, varias personas denunciaron en redes sociales que un grupo repartía folletos –asociados a un supuesto sitio oficial con el logo de la Convención Constitucional– con contenido falso sobre la propuesta constitucional. Pero no es sólo algo de meses o semanas, Plataforma Telar hizo seguimiento sobre información imprecisa, errada y/o falsa sobre la CC que circuló durante un año en diversas plataformas.

Se trata de un contexto grave para la democracia. Como dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuando la información proviene de fuentes dudosas, es falsa o malintencionada, ejerce serios efectos en la democracia, como limitar las decisiones de la ciudadanía. Por lo tanto, de cara a la elección más importante de los últimos 40 años, se está amenazando el voto libre e informado de la gente. Y esto no sólo afecta el plebiscito, sino que pone en riesgo todo el debate en torno a un nuevo pacto social para el país, que requiere de una ciudadanía fuerte y participativa capaz de sostener la implementación de los cambios que Chile declare necesitar.

En este sentido, en un contexto de desinformación, es un deber democrático que los espacios que quieren aportar al debate constitucional, muevan el eje de la discusión hacia lo que realmente implica la nueva Constitución.

Para ello, creemos que la opinión, información y experiencia de la sociedad civil puede aportar a un debate más amplio, que responda a lo que implica la nueva Constitución para las necesidades de la ciudadanía y que no le de más espacio a las mentiras. Se trata de un sector importante del país, que conoce de cerca las preocupaciones sociales y que en el último tiempo ha participado activamente en el desarrollo del proceso constituyente. Esto, sumado a su rol de intermediación entre ciudadanía y Estado que se hace presente en todo el país: por cada 1000 habitantes, existen al menos 12 organizaciones de la sociedad civil.

Es por eso que, desde un diverso grupo de organizaciones de la sociedad civil hemos creado la plataforma www.laconstitucionesnuestra.cl como forma de contribuir a una discusión que reflexione sobre lo que significan las potenciales nuevas normas para la calidad de vida de las personas y sobre las diferencias entre la Constitución actual y la nueva propuesta de texto. En un mundo donde la vigencia de los derechos humanos se ve amenazada por una serie de crisis políticas, sociales, económicas y climáticas, es imperativo observar si la propuesta de nueva Constitución ayudará a enfrentar los desafíos del futuro a partir de los estándares internacionales de derechos humanos, de la naturaleza y de fortalecimiento democrático.

Sabemos que pase lo que pase en el plebiscito, el deber de quienes trabajan en lo público será darle conducción a cambios que una parte importante de la sociedad espera y reclama. Ante todo, sectores que han estado históricamente excluidos de la toma de decisiones (como mujeres, juventud, personas viviendo en periferias/alejadas de la capital, pueblos indígenas, personas con discapacidad, de la tercera edad, disidencias sexo-genéricas y más). Pero en este momento histórico, donde diversos cambios se avizoran como posibles, es un deber y un derecho individual y colectivo de todas las personas en Chile, informarse de la mejor manera posible, para enfrentar con responsabilidad y visión de futuro la inminente elección constitucional.

Valentina Contreras Orrego, directora en Chile de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, GI-ESCR; Martín Corvera S., director de proyectos e innovación de la Fundación Ciudadanía Inteligente; Nicole Romo, coordinadora y apoyo programático Fundación Avina Chile; y Rodrigo Bustos, director Amnistía Internacional Chile.