Muchas veces en este medio de prensa independiente hemos informado a la opinión pública sobre las malas prácticas que cometen algunos actores privados que se desenvuelven en el mercado de la explotación del recurso suelo urbano y/o rural, incorrecciones que han sido toleradas o avaladas por las autoridades públicas de turno.

Esos pícaros empresarios que ejecutan sus negocios vía trampas o ingeniosas interpretaciones, en las escasas ocasiones en que se detectan sus proyectos truchos, claman al cielo y rasgan vestiduras alegando que actuaron de buena y que, por ello, tendrían derechos adquiridos. Si no fuera por la Contraloría General de la República esas condenables prácticas se mantendrían en la oscuridad y por ello nuestro reconocimiento a sus funcionarios, a pesar de que esperaríamos de ella mayor severidad en sus dictámenes.

Procedemos entonces a relatar sucintamente un nuevo ejemplo donde el organismo de fiscalización dirigido por Jorge Bermúdez acogió las denuncias que realizó la fundación Defendamos la Ciudad, por dos “autorizaciones” contrarias a derecho emitidas por la díscola Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo en el área rural de las comunas de Maipú y Pudahuel. Su contundente dictamen N° E232946/2022 del reciente 8 de julio de 2022 refleja la situación, ver link.

El primer caso corresponde a un depósito de vehículos nuevos emplazado en un terreno localizado en el “Área de Interés Agropecuario Exclusivo” definida como tal en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), predio cercano al sector Rinconada de Maipú. El segundo ejemplo corresponde a una edificación que incluye oficinas y bodegas localizada, según el mismo PRMS, en un terreno del área de resguardo de infraestructura metropolitana “De Aeropuertos, Aeródromos y Radio Ayudas” asociada al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez en Pudahuel.

Ambos casos son claros ejemplos de un rebuscado ardid de las prestigiosas empresas, DERCORP y ENEA, con el cual sus avezados asesores y gerentes, sin conocimiento de sus dueños, como dirán éstos, intentaron hacer pasar actividades productivas de impacto similar al industrial, reguladas por el artículo 2.1.28 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), como proyectos de infraestructura de transporte terrestre, siempre admitidos en el área rural por aplicación del artículo 2.1.29 de esa OGUC. Todo esto en flagrante contravención de diversos dictámenes de la Contraloría que se refieren a situaciones equivalentes.

La empresa Dercorp S.A. compró vía remate en 2017, en la suma de $ 1.300 millones, el terreno de 33 hectáreas en la comuna de Maipú, teniéndose en cuenta que el propietario anterior era la empresa Áridos Larrinco, en quiebra en esa fecha. La empresa Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A., ligada a ENEA de la familia Guzmán Nieto, es la propietaria desde hace muchos años del predio del caso correspondiente a Pudahuel donde, a pesar de ser un área rural, para todos los efectos prácticos ese sector se ha constituido gradualmente como un núcleo urbano, fraccionando sus proyectos, luego al margen de la planificación urbana intercomunal.

Frente al requerimiento de la Contraloría, para iniciar el proceso de investigación, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo coincidió con el criterio sostenido en su denuncia por la referida fundación ciudadana, señalando con claridad que en ambos casos se trata de actividades no permitidas por el PRMS. Punto a favor del nuevo jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el competente arquitecto Vicente Burgos, ya que la posición de dicha Subsecretaría recogió, como era su deber, la argumentación de Burgos.

Recordemos que los funcionarios que ostentaron la jefatura de la DDU del Minvu, en la anterior administración de Piñera, en las oportunidades que había que resolver controversias, tendían a emitir juicios que favorecían a los inversionistas, en detrimento de lo que mandan los cuerpos legales y reglamentarios. Entendemos que esos burlescos comportamientos se producían para no estorbar el desarrollo económico.

Destacamos que la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo históricamente ha admitido, con sus dichos y omisiones, que se ocupen predios rurales con actividades prohibidas en el marco normativo vigente, en particular por los artículos 34° y 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la ordenanza del PRMS y dictámenes vinculantes de la Contraloría emitidos desde 2007 a la fecha.

La historia indica que dichos predios son adquiridos originalmente a muy bajo precio por ser rurales, permitiendo a sus nuevos dueños ejecutar actividades comerciales prohibidas, produciéndose entonces una ventaja indebida para ciertos influyentes actores del mercado. Los que saben de estas cosas entienden que el valor de esos terrenos rurales es bajo precisamente porque su potencial para acoger edificaciones es muy limitado, o de otra forma, si en esos terrenos se pudiese edificar lo que quisieran las empresas, su valor de mercado sería más alto.

En este mismo sentido, hemos mencionado varias veces en este medio de comunicación el caso de las parcelitas de agrado en el Área de Protección Ecológica del PRMS en las comunas de Colina y Lo Barnechea, terrenos rurales y bajo protección oficial, incompatibles con la actividad habitacional según ese PRMS, donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), conforme a denuncia de la fundación Defendamos la Ciudad y del particular Gonzalo Prieto, entabló una querella criminal en contra de los responsables, ver link.

Vale la pena mencionar que en la pasada administración, la misma revoltosa Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo entregó autorizaciones similares a los dos ejemplos ya descritos, tanto para enormes depósitos de vehículos nuevos, de las empresas Transportes Schiappacasse y Kar Logistic (Agunsa), como para otras instalaciones de ENEA en el área de resguardo del aeropuerto, que al ser revisadas por la Contraloría en la auditoría realizada en la Municipalidad de Pudahuel, también fueron declaradas contrarias a derecho. Ver ese informe en link.

Para ir terminando gradualmente con este tipo de abusos que generan beneficios económicos a algunos, sería apropiado que se sancione a los asesores que participan en estos ardides. Allí tenemos a conocidos abogados, arquitectos, ingenieros, etc, y si tuviésemos asociaciones gremiales, como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y Colegio de Arquitectos, con efectivos códigos de ética, como en los países serios adscritos a la democracia y al libre mercado, la cosa sería bien distinta.

Queda en evidencia que tanto DERCORP como ENEA intentaron pasar gatos por liebres con sus instalaciones ilegales, y si tales conspicuas empresas recurren a los tribunales para intentar la anulación del dictamen vinculante de Contraloría, el CDE asumirá la defensa del ente fiscalizador y será la 3a Sala de la Corte Suprema la que finalmente resolverá, tal como lo ha hecho en los últimos años gracias a las correctas decisiones de sus competentes jueces, quienes no se prestan para arreglines comerciales.

Se sabe que la familia Guzmán Nieto, dueña de ENEA, aportó el 97% de los fondos de la última campaña de Cristián Norambuena (ex UDI) para elegir al alcalde de Pudahuel, sin que lograra su objetivo y en el año 2021 esa empresa se esforzó para invalidar la aprobación del Plan Regulador Comunal porque no le gustaban sus disposiciones, lo cual fue rechazado por la Contraloría mediante el dictamen Nº E127269/2021. Pero en el año en curso ENEA insistió en su deseo, lo cual nuevamente fue rechazado por el órgano de fiscalización, mediante dictamen Nº E211763/2022.

Como un hecho anecdótico, demostrativo del cariño que le tenía a ENEA la abogada Claudia Sabal, exdirectora jurídica y exalcaldesa subrogante de Pudahuel, ella hoy se desempeña en su Gerencia de Asuntos Legales. Entendemos que las municipalidades de Maipú y Pudahuel, a través de sus directores de obras, ya están invalidando los permisos contrarios a derecho que hemos aludido y estamos seguros que a los propietarios de las 2 importantes empresas no les sucederá nada, incluso ni tendrán que asistir a esas clases de ética que se imparten en las universidades privadas localizadas en el sector oriente de Santiago.

Aprovechamos la ocasión para decirle una vez más a las máximas autoridades del Minvu y de la Municipalidad de Estación Central que en conjunto resuelvan pronto el asunto de las compensaciones económicas, por parte de los empresarios que construyeron los guetos verticales ilegales en esa comuna, habida consideración que esas invasivas torres habitacionales no se demolerán, de acuerdo a la costumbre chilensis.

Ello es indispensable, teniéndose presente que es fácil modificar la ley buscando un propósito de justicia, pues con el dinero que aportarán esos privados se podrán construir consultorios, comisarías y todo tipo de equipamientos públicos que mejorarán sustantivamente la calidad de vida de sus residentes tradicionales y nuevos. Recordemos que a la fecha hay muchos edificios terminados, con miles de departamentos con promesas de venta, que no cuentan con las respectivas recepciones finales de obras, lo que carece absolutamente de sentido.

Retomando lo acontecido en Maipú y Pudahuel, acorde a lo relatado en esta columna de opinión, se demuestra que la corrupción es el vehículo más idóneo para que los más temerarios hombres de negocios obtengan plusvalías y por ello es pertinente el título de la misma. Los que estamos a favor del libre mercado en todos los sectores de la economía, continuaremos denunciando a quienes, con artimañas, lo vulneran en el ámbito del urbanismo y medio ambiente.