Todos sabemos lo que ha estado sucediendo en Quintero y Puchuncaví, región de Valparaíso, por los efectos negativos de los altos niveles de contaminación producida por la fundición Ventanas y termoeléctricas privadas, ello porque las instituciones públicas que debían evitar lo anterior con medidas preventivas “no hicieron sus pegas”.

Al respecto, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en entrevista del domingo 26 de junio de 2022, corroboró lo anterior al asegurar que “lo que ocurre en Quintero-Puchuncaví es el síntoma más agudo de una manera sucia de desarrollarnos”.

Recientemente, la 2a Sala de la Corte Suprema, en un fallo ejemplar, le dijo a la Contraloría General de la República que iniciara un procedimiento sancionatorio en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) porque, a pesar de que ya en septiembre de 2020, había recibido una formal denuncia al respecto, sus funcionarios no ejercieron a tiempo sus atribuciones fiscalizadoras.

Una de las acusadas en la SMA era la termoeléctrica, hoy llamada AES Andes, la misma que con el anterior nombre de AES Gener, construyó su planta Campiche, violando un dictamen de la Contraloría y un fallo de la 3a Sala de la Corte Suprema. Recordemos que dicha termoeléctrica se construyó únicamente gracias a las presiones del gobierno de EEUU, motivo por el cual la sumisa administración de Michelle Bachelet modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) respecto del uso de suelo del terreno en donde está emplazada.

Pues bien, luego de denunciar en la Radio Bío Bío, ver link, los fraudes que siempre se han cometido, al no exigirse las pinturas intumescentes en obras de construcción, a nivel nacional, y la nula acción correctiva del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, del abúlico Colegio de Arquitectos de Chile y de la Asociación nacional de directores de obras municipales, damos cuenta del resultado de dicha publicación.

Por ello celebramos que el fiscal nacional, Jorge Abbott, responsablemente tomó en consideración dicha denuncia debido a que se están infringiendo infinidad de contratos públicos sobre este sensible asunto, es decir, sucede algo similar a lo de la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Entonces, al parecer, a nadie de la Administración del Estado le ha interesado la protección contra incendios, llamándonos la atención el silencio de los bomberos y de las empresas aseguradoras.

Queda claro que se pasa por alto la OGUC al presentarse documentos irregulares para solicitar en las municipalidades los permisos de recepción de obras de edificaciones públicas, lo que es de suma gravedad, pues hay contratos que son violados flagrantemente a vista de todos. Infinidad de edificaciones públicas pagadas por aquellos contribuyentes afectos a impuestos, carecen de la debida seguridad y en rigor, no deberían contar con recepciones finales de obras y aunque los lectores no lo crean, existen en el país miles de este tipo de edificios públicos.

Por lo anterior, la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público comenzará en estos días sus fiscalizaciones a 10 edificaciones públicas construidas y en uso, que faltaron al contrato y a las normas. Ellas son:

1.- Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Nuevo Pudahuel. Mandante MOP.

2.- Hospital Higueras Talcahuano. Mandante Servicio de Salud Talcahuano.

3.- Teatro Regional Biobío. Mandante MOP.

4.- Sala Cuna y Jardín Infantil Costanera del Estrecho, Punta Arenas. Mandante JUNJI.

5.- Jardín infantil y sala cuna Guacamayo, Valdivia. Mandante JUNJI.

6.- Reposición edificio consistorial de Lonquimay. Mandante Municipalidad de Lonquimay.

7.- El esfuerzo de Serrano / condominio tipo A. SERVIU Metropolitano.

8.- Oficinas Ministerio de Educación Maule. Mandante Ministerio de Educación.

9.- Consultorio de Carabineros. Mandante Carabineros de Chile.

10.- Cuerpo de Bomberos de los Ángeles, Mandante Municipalidad de Los Ángeles.

Es impresentable tener profesionales a cargo de estos contratos, también pagados con dineros públicos, que no están velando por el cumplimiento de las normas y autorizan los pagos de los mismos, sin los respaldos que avalen el cumplimiento de los estándares nacionales, recibiendo informes de empresas no acreditadas para inspeccionar.

Se han recibido cientos de informes de empresas de pintura, los cuales no sirven para respaldar el cumplimiento de los contratos suscritos, sino que también emiten juicios mendaces, lo que, aunque a algunos no les guste escuchar, se trata simplemente de estafas al erario nacional.

Esto demuestra que hay una supina ignorancia en la materia por parte de “profesionales” que se desenvuelven en el Estado. Tal como lo dejamos de manifiesto en nuestras columnas anteriores, si al DOM, supuestamente un profesional competente, se le presenta un documento para la recepción de obra, él debe verificar la correspondencia del documento, lo que claramente no hace al aceptar un informe de pintura intumescente de un proveedor de pintura, el cual no corresponde, ya que no es el que exige el estándar nacional.

Estamos seguros que los honestos e insobornables fiscales asignados para investigar, detectarán todas las irregularidades y por ende adoptarán las acciones pertinentes en contra de los funcionarios públicos irresponsables que, por ignorancia o por no desear exigir, ponen en riesgo latente la seguridad de los edificios.

Si desde hace 25 años las máximas autoridades de los Ministerios de Salud, de Energía, de Minería, del Minvu y del Medio Ambiente, se hubieran comprometido con sus roles en defensa de la salud de las familias que residen en Quintero y Puchuncaví, esa zona urbana no estaría catalogada como de sacrificio, pues las 17 instalaciones allí existentes serían “sustentables”, palabrita que en Chile se utiliza solo para “vender la pomada”.