A punto de finalizar el proceso más democrático y participativo de la historia contemporánea de Chile, es necesario relevar y recordar la magnitud de lo que ha sido este hito impulsado por la ciudadanía, la que soñó en grande con la esperanza de tener un nuevo pacto constitucional que permitiera un país más justo e igualitario.

En 2019, Chile comenzó un proceso político nunca antes visto. Criticando una realidad material cuantiosamente desigual, desintegrada y explotadora de la naturaleza. Los pueblos de Chile se dieron la oportunidad de ilusionarse y construir colectivamente una Nueva Constitución, pensando en un futuro mejor para todas y todos bajo el prisma de los Derechos Humanos.

La historia de este proceso ya la tenemos incorporada en nuestro ADN colectivo. Un estallido social que obliga a la clase política a buscar una salida institucional a la crisis. Esta salida se configuró en un proceso constituyente, con el total de las y los convencionales electos/as por la ciudadanía, con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y participación de independientes, que no fueron obra de esta misma clase política, sino de una fuerte movilización e incidencia desde la sociedad civil.

Así, por primera vez, un órgano político se asemejaba a la sociedad que representaba, lo cual fue significativamente importante, teniendo en cuenta la incapacidad del sistema político vigente hasta ese momento para responder adecuadamente a las demandas ciudadanas.

Pero llevar el sueño a la práctica no ha sido fácil. La institucionalidad chilena representada a través de la Convención Constitucional no ha estado exenta de dificultades y polémicas en un contexto de fatiga social producido por innumerables procesos políticos individuales, sociales e incluso mundiales que han teñido de temor un escenario naturalmente complejo.

Este entorno convulsionado ha facilitado además la proliferación de fuentes de información falsas, incompletas o tergiversadas que han repercutido y profundizado la inseguridad, incertidumbre y agotamiento de muchas personas en Chile.

Sin embargo, hay elementos que no debemos perder de vista. Primero, durante este proceso se fomentó activamente el involucramiento de las personas en la deliberación, con una nueva cultura de participación dando lugar a más de 2.000 reuniones de incidencia registradas, y más de 4.600 audiencias públicas protagonizadas por la sociedad civil, además de cabildos y encuentros ciudadanos similares a los utilizados en otros procesos constituyentes relativamente recientes como Brasil, Colombia, Sudáfrica e Islandia. Esto, como forma de escuchar y hacer partícipe a la ciudadanía.

Segundo, uno de los mecanismos de participación más innovadores fue el uso de las iniciativas populares de norma constitucional, mediante las cuales la ciudadanía podía llevar su propuesta de norma directamente a discusión del Pleno, y de aprobarse, poder integrar el borrador constitucional juntando un mínimo de 15.000 firmas. Este mecanismo puso en la agenda de discusión los temas más variados desde “No más corrupción” hasta la “Protección del medio ambiente”.

Es por eso que hoy, contando ya con el borrador oficial de la Nueva Constitución, vemos más cercana la posibilidad de construir un Chile más justo e igualitario.

El éxito de este proceso necesita un debate informado y consciente, pero para ello se necesita una convivencia social y política que promueva con honestidad las diversas posturas políticas sin impedir ni dificultar que la ciudadanía tenga acceso al contenido de este borrador, y una amplia comprensión del mismo. Es así que, para decidir sobre el futuro de Chile debemos participar subiendo el nivel y la transparencia del diálogo, porque la Constitución es Nuestra.

Andrea Castellón, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Nicole Romo, Fundación Avina; Federica Sánchez, Fundación Ciudadanía Inteligente; y Beatriz Martos, Amnistía Internacional.