El miércoles 11 de mayo el Pleno de la Convención Constitucional aprobó una serie de normas sobre Educación presentadas en el Segundo Informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Se trató de una aprobación histórica, porque entraron al Borrador de la Nueva Constitución múltiples demandas del movimiento estudiantil y el movimiento social por la educación, que han hecho que cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos se hayan movilizado por las calles de todo el país durante los últimos años.
Recordemos que, en Educación, el Siglo XXI partió con el Mochilazo del año 2001, siguió con la Revolución Pingüina del 2006, continuó con las movilizaciones estudiantiles del 2011, prosiguió con las movilizaciones docentes del 2014 y 2015 y tuvo su punto cúlmine con el gran Paro Docente del 2019 que antecedió al Despertar de Chile de octubre de ese año, que nos tiene ahora en un Proceso Constituyente y ad portas de una Nueva Constitución.
Y todas esas movilizaciones educativas coincidieron en una serie de demandas que fueron aprobadas el 11 de mayo por la Convención Constitucional. De partida, se aprobó garantizar constitucionalmente el Derecho a la Educación, convirtiendo en norma constitucional el grito tantas veces cantado en las calles de Chile de «La Educación es un Derecho, no un privilegio».
También, se elevó a rango constitucional el papel ineludible del Estado en Educación, materializando el anhelo de un Estado presente en un sistema educativo sistemáticamente abandonado. Y, en esa línea, se instauró un nuevo Sistema de Educación Pública como eje estratégico del futuro Sistema Nacional de Educación, integrado por establecimientos del más diverso tipo, porque se consagró explícitamente la Libertad de Enseñanza, pero con una preocupación preferente del Estado por las escuelas y liceos públicos, como es en todos los países desarrollados a los que Chile quiere acercarse.
Profundizando en ello, la Convención Constitucional aprobó el financiamiento basal de la educación, lo que es una muy profunda transformación al modelo educativo actual, basado en el muy cuestionado sistema de voucher. Además, se estableció el principio de la Escuela Democrática, que es justamente hacia donde deben caminar las escuelas en este siglo.
En esta selección de demandas recogidas por amplísima mayoría en la Convención Constitucional, no podemos dejar de destacar el reconocimiento constitucional realizado al rol fundamental de las profesoras y profesores como profesionales en la Educación del país. Con ello, se abre la puerta a un nuevo período donde el ninguneo y el maltrato sean historia y avancemos a una etapa de reconocimiento y valoración de las y los docentes y trabajadores de la Educación del país.
En definitiva, con estos artículos ya consagrados en el Borrador de la Nueva Constitución, podemos decir con total responsabilidad que cualquier persona que haya participado alguna vez del movimiento estudiantil, que haya ido a alguna marcha por la Educación, que haya apoyado alguna movilización de estudiantes, de profesores o de trabajadores de la educación, hoy tiene todas las razones del mundo para votar Apruebo este 4 de septiembre, porque la Nueva Constitución está abriendo, por fin, el camino a esa Nueva Educación que millones venimos demandando en todo Chile hace mucho tiempo.