La Ley de Eficiencia Energética, la cual establece que viviendas, edificios de uso público, comerciales y de oficinas, deberán contar con una Calificación Energética para obtener la recepción final o definitiva, se promulgó a comienzos de 2021 y hoy, a poco más de un año de este hecho, continúan los avances para su cumplimento; también en línea con el posterior lanzamiento del Plan Nacional de Eficiencia Energética, que plantea reducir la intensidad energética en 4,5% hacia 2026.
La medida es acertada en su base, porque lo que busca es lograr un uso racional y eficiente de los recursos abarcando prácticamente todos los consumos energéticos del país: transporte, industria y minería, además del sector residencial, público y comercial. De aplicarse las medidas contempladas en la norma al 2030, se proyecta un ahorro acumulado de US$15.200 millones y una reducción de 28,6 millones de toneladas de CO2.
En la práctica, esto significa un enorme desafío para el sector privado, porque muchas empresas están o deberán implementar muy pronto cambios estructurales en su forma de hacer las cosas, muy en línea con tendencias que ocurren en todo el mundo respecto al rol que se espera hoy del sector privado, ligado a políticas de triple impacto que busquen no sólo el beneficio económico, sino también efectos positivos en la sociedad y el medio ambiente.
Muchas compañías están llevando a cabo hojas de ruta con planes a corto, mediano y largo plazo para cumplir con la normativa que tiene un objetivo común: cuantificar tanto los costos como los beneficios económicos de acelerar el proceso de transición energética, y contribuir con recomendaciones de políticas públicas que contribuyan a la transformación de la matriz energética del país.
Ejemplos de acciones concretas hay varios: realización de talleres y mesas de trabajo con la participación de diferentes stakeholders para generar el diálogo entre diversos actores a la hora de reducir las emisiones; implementación de Sistemas de Gestión de Energía (SGE) en las operaciones; en el caso de las empresas importadoras, planificación de la entrada de modelos más eficientes para cumplir con los nuevos estándares; o en el caso de las inmobiliarias, construcción de edificios que puedan funcionar de manera óptima consumiendo menos energía.
Lo importante es que ya estamos todos arriba de la ruta hacia la sustentabilidad e identificamos muy bien las prioridades, donde los Sistemas de Gestión de Energía en las grandes empresas ocupan un lugar fundamental, ya que aproximadamente un universo de 250 compañías representa cerca del 35% de toda la energía que se consume en Chile.
Lo que viene de ahora en adelante es continuar con esta transformación e incorporar dentro del “core” de cada miembro del sector privado el reconocimiento de que las reglas del juego cambiaron, y lo hicieron no sólo por lo que demanda la ciudadanía, sino también desde el punto de vista de las regulaciones y estándares que se están exigiendo hoy, y crecientemente por exigencias provenientes del mundo financiero global.
Se trata a fin de cuentas de generar condiciones para poder crecer, pero “crecer bien”, y cómo podemos aprovechar el actual contexto. Lograr las metas de eficiencia energética requiere contar con una visión sostenible y circular donde todos los participantes de esta ecuación -sector público, privado y ciudadanía– avancemos hacia la generación y adopción de energía confiable y sostenible.
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