Nuestro sector agroalimentario, forestal y rural están pasando por muy difíciles momentos. A los temas de coyuntura, como el alza de precios de insumos y productos, así como la escasez en algunos de ellos, subyacen temas estructurales, como la evolución de la estructura productiva y entre los cuales podemos considerar a la crisis hídrica, de los cuales debemos preocuparnos con urgencia.

Los mercados internacionales de alimentos están evidenciando trastornos desde el inicio de la pandemia, sumándose a aquellos derivados del cambio climático y, a los que hoy se agregan los derivados de la guerra de Rusia contra Ucrania. La volatilidad de los mercados, alzas de precio de insumos y productos y escasez de algunos, hacen prever que la situación puede empeorar.

A principios de marzo el director general de la FAO alertó al mundo sobre los “graves riesgos” para la seguridad alimentaria mundial derivados de la guerra en Ucrania por la invasión rusa a ese país. Asimismo, el Banco Mundial alertó la semana pasada por las mismas causas de “una catástrofe humana”, diciendo que “los precios de los alimentos podrían subir hasta un 37% lo que podría derivar en mayor pobreza y desnutrición en algunos países”.

En el mes de enero recién pasado se presentaron los resultados generales preliminares del Censo Agropecuario y Forestal (CAF) efectuado el año 2021, los que son muy preocupantes y nos confirman la visión que tenemos sobre la delicada situación actual y futura del sector, y los efectos sobre nuestra seguridad y soberanía alimentaria.

En efecto, la superficie silvoagropecuaria (SAP) en uso ha disminuido en 21,8% respecto de 2007, de 31,65 a 24,75 millones de hectáreas (has.), es decir, 4,65 millones de has. menos. La superficie total declarada bajo riego en el censo 2021 fue de 902.158 has., lo que representa un 18,6% menos que en el censo 2007, año que la misma superficie bajo riego fue de 1.108.559 has.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta un ítem denominado “Terrenos productivos no trabajados en el año agrícola” entregando una cifra de 1.114.193 has no cultivadas, entre las cuales están las 508.109.- has no cultivadas con los principales rubros.

Entre las 508.109 has no cultivadas se encuentran: -57 mil has en trigo; -22 mil en leguminosas y tubérculos, -20 mil en cultivos industriales, -33 mil en hortalizas, -30 mil has de viñas, entre otros, aumentando los frutales en casi 72mil has., respecto de 2007.

El mismo Censo indica que las existencias ganaderas han disminuido notablemente: más de 1 millón de cabezas de bovinos y ovinos cada una. Para qué decir los caprinos que han decrecido en un 50%, ciertamente por la sequía, incluso los cerdos han disminuido. Solo han aumentado el número de gallinas y los pollos.

La gran consecuencia de la caída en las superficies cultivadas, las existencias ganaderas y los volúmenes producidos, es que las importaciones de alimentos se han incrementado significativamente.

Las estadísticas de Aduanas muestran que durante el año 2021 Chile importó 6.332.920.354.- dólares en alimentos. De este monto total, más de 1.600 millones de dólares corresponden a importación de carne bovina; casi 700 millones de dólares en maíz; casi 600 millones en cereales, de los cuales el 50% corresponden a trigo que proviene en un 50% de Argentina; en lentejas se importaron 31 millones de dólares, etc. En total, en carne bovina, trigo, maíz, arroz y leguminosas se importaron unos 2.600 millones de dólares en alimentos básicos para nuestra población, los que antes producíamos (…).

Cabe mencionar que las importaciones de algunos productos alimenticios en relación con el consumo nacional son significativas, como lo son el 50% de la carne de bovino; el 55% del trigo; el 38% del arroz; 80% del maíz, entre los principales.

Teniendo en consideración el escenario descrito, estimamos que nuestra seguridad y soberanía alimentaria están en riesgo. Si pensamos en el corto, mediano y largo plazo, vemos con gran preocupación la situación de nuestro sector agroalimentario, forestal y rural, lo que nos convoca a una reflexión profunda sobre su futuro, su rol y alcance. Debemos actuar para producir más esta temporada agrícola 2022-2023, que empieza ahora en mayo, y también planificar el futuro.

Hoy nos encontramos frente al riesgo de no ser capaces de asegurar la alimentación de nuestra población de manera constante, a precios razonables, no estamos invirtiendo lo necesario para adaptarnos al cambio climático y a la falta de agua, escasamente estamos reconvirtiéndonos hacia rubros más competitivos y mejorando la competitividad de los cultivos de alimentos esenciales producidos por nuestros pequeños y medianos agricultores. A ellos los estamos expulsando del campo y nuestro exiguo suelo agrícola lo estamos destruyendo con parcelaciones de carácter inmobiliario.

Le pequeña y mediana agricultura, la AFC, es la verdadera “malla de seguridad” de nuestra alimentación (seguridad y soberanía alimentaria), del poblamiento de nuestro territorios y de la sustentabilidad de nuestras economías regionales y verdaderos guardianes de nuestro territorio.

Frente a este panorama cabe preguntarse si efectivamente Chile no es competitivo en todos los productos que estamos importando y, si así es, cuáles son los factores que inciden en ello. ¿Qué se requiere para hacerlos competitivos? o para reconvertir aquella agricultura que no es competitiva internacionalmente, pero que sí tiene opciones agroecológicas para rubros de exportación más rentables.

¿Qué hacemos con las superficies no cultivadas con cultivos tradicionales?. ¿Hasta cuánto o qué nivel podemos depender de las importaciones para asegurar nuestra alimentación?. ¿A qué costo?. ¿O sólo debemos esperar sentados que el mercado tome las decisiones que nosotros debiéramos tomar? ¿Nos sentamos a esperar que los pequeños y medianos propietarios vendan sus tierras para que sean otros con mayores capacidades financieras y técnicas los que hagan la reconversión?…

La actual menor producción de alimentos básicos claramente no se explica porque haya una reconversión a otros rubros más rentables de exportación, el incremento de sólo 72 mil has a frutales demuestra que las tierras quedan sin ser cultivadas y, de ahí entonces, que hay más de un millón de hectáreas agrícola productivas no trabajadas.

Por ello, debemos tomar decisiones estratégicas con urgencia respecto de nuestro sector SAP y rural. Necesitamos una política agroalimentaria de Estado, con objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, con instrumentos, recursos e institucionalidad adecuada a los tiempos que vivimos y que vendrán: sustentabilidad y adaptación al cambio climático. Debemos resolver la ecuación “cómo producir más y mejor con menos”.

La recuperación e impulso al sector Agroalimentario, Forestal y Rural representa el verdadero motor económico verde de nuestras economías regionales, generador de cientos de miles de empleos, alimentos y materias primas, divisas y una serie de otros servicios ambientales y ecosistémicos como agua, paisaje, biodiversidad, captura de carbono y valores culturales en tanto fuente de nuestras tradiciones.