Desde que entró en vigencia la ley N°20.930 –en 2016- que establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental (DRC), hemos avanzado significativamente en la preservación del patrimonio natural en nuestro país.

Este derecho consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio -o de ciertos atributos o funciones de éste- y se da mediante un contrato entre el propietario de un inmueble y el beneficiario del derecho; establece prohibiciones, limitaciones y acciones que garanticen la conservación de un área bajo protección privada, pasando el titular del DRC a ser un garante de conservación.

Actualmente, este derecho es una oportunidad para todas aquellas personas que tienen interés en la conservación del patrimonio ambiental pero que no tenían los medios o mecanismos suficientes para realizarlo, lo que incentiva e incrementa las áreas protegidas en Chile, siendo extremadamente relevante la idea de que la conservación debe ser una aspiración colectiva de la comunidad y, por ende, no debe radicarse exclusivamente en el Estado, sino que debe ser alcanzada por todas las personas por igual.

Esta semana se dio a conocer el plan de racionamiento de agua dentro de la región Metropolitana, lo que provoca una mayor preocupación en la población respecto al medio ambiente. Ante esto, sin duda, el DRC es un mecanismo importante como herramienta para el cambio climático, pero utilizándose de buena manera.

Como actores de una iniciativa inmobiliaria sustentable, nos hemos comprometido al cuidado del medio ambiente, realizando acciones reales para llegar a la mayor cantidad de personas que quieran convertirse en garantes de la conservación. Creemos que el foco de atención en la Patagonia no radica en la venta de predios o loteos, sino en cómo y para qué se venden, además de enfatizar que no todas las frases “eco” y/o “conservación” son en realidad una garantía para el cuidado del entorno natural.

Es importante entender que con esta ley el legislador buscó que las personas comprendieran que los negocios sí se pueden realizar en sintonía con el medio ambiente, educando a futuros propietarios, promoviendo la intervención consciente y democratizando la conservación. Por ejemplo, en el marco de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los titulares que presenten un proyecto que cause algún impacto podrán utilizar la figura de este derecho para compensar, identificando predios de características similares y reparando o mitigando adecuadamente las huellas en el entorno.

Camila Retamal, gerente legal de Activo Austral.