Acaba de ser publicado el informe 909-2021 de la Contraloría General de la República correspondiente a una auditoría en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares que preside el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Pocas veces uno puede ver un informe que contenga tantas irregularidades de alta complejidad, partiendo por la negativa de la Asociación a entregar a la Contraloría información o documentos como por ejemplo, las actas de directorio, de asambleas generales o del comité ejecutivo. Mas grave aún, no entregaron las conciliaciones bancarias, los mayores contables, los libros de compra y venta de los años 2019, 2020 y 2021, y tampoco los Estados Financieros del 2019 y 2020. Con este nivel de “desorden” la Contraloría no pudo verificar el tema financiero y contable ya que les han informado que están reconstruyendo la contabilidad.

Hubo asuntos que sí pudieron verificar, como por ejemplo que no existe un libro de registro de socios y resulta imposible certificar qué ha aportado cada Municipio a la Asociación, al punto que cinco municipios que la asociación no reconoce como socios, han pagado cuotas desde el 2019. Otros 19 municipios dicen no ser socios, pero la Asociación los tiene como tal, y seis municipios documentaron pagos, pero estos no están registrados por la Achifarp. Como no hubo acceso a las cartolas bancarias es imposible determinar los montos que cada uno ha aportado.

Junto a lo anterior destacan dos asuntos relacionados por convenios. Recoleta y Paillaco realizaron convenios con SENADIS que la Contraloría determina no se han ajustado a derecho ya que no usaron el marco legal previsto en la ley 19.886. El monto involucrado alcanza los 613 millones de pesos. Por otro lado, existen convenios para la compra de AVIFAVIR por $150 millones y por INTERFERON por $240 millones en que se encuentra involucrada la Municipalidad de Recoleta, en este último caso con Macul.

Sobre el asunto del Interferon, no solo existe una instrucción precisa emanada del ISP, en el sentido de que se obliga al Municipio a devolver las 1300 unidades y destruir el medicamento debido a la prohibición existente de comercializarlo, ya que no tiene registro sanitario ni autorización para su uso en humanos; además se denuncia que Recoleta entregó a Achifarp más de 200 millones de pesos para adquirir 180.000 dosis, constatándose que esta asociación habría entregado a la Universidad de Concepción solo $25 millones, no encontrándose en caja el saldo.

La lista es más larga, y ha generado el envío de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, agregando varios sumarios a ejecutar, por la propia Contraloría, en diversas instituciones como por ejemplo el Municipio de Recoleta.

Entiendo que hasta ahora Daniel Jadue no ha manifestado opinión alguna respecto a este tema. Obviamente está preocupado de Venezuela y de opinar del Gobierno Chileno y el 5to retiro. Algunos mal pensados creerán que solo es para desviar la atención.

Jadue, que es el presidente de la Asociación, es el responsable de aclarar todas las irregularidades detectadas, como también lo son los otros directores de la organización, cargo que ocupan al parecer solo para informarlo en algún currículum.

Jadue también ha demostrado ser un mal administrador en su propia comuna, no solo porque el informe ratifica que hay negligencia en el actuar del Municipio al entregar dineros a Achifarp y no pedir rendiciones de su uso y devolución de aquellos recursos no usados, sino también porque los propios informes de Control Interno del Municipio informan de constantes déficits presupuestarios en la Administración Municipal. Ahí tiene la ventaja de que el Concejo Municipal está dominado por el PC y obviamente no habrá acusaciones de ningún tipo.

Ojalá esta vez la ciudadanía lea el informe 909-2021 desde la web de Contraloría y las instituciones hagan algo más que mirar para el lado. Las farmacias populares son una excelente idea, pero que podría verse empañada por este tipo de gestión tan deficiente.