Esta semana la Convención Constitucional votará cuestiones que están en el corazón de las demandas por mayores derechos, dignidad e inclusión que se expresaron en las movilizaciones de octubre de 2019.
El miércoles la Convención decide sobre el nuevo sistema político que nos daremos como sociedad, lo que representa una oportunidad inédita para incorporar principios de convivencia política que profundicen nuestra democracia.
Uno de ellos es la paridad, eje transversal de redistribución del poder que cuestiona la monopolización masculina de los espacios de decisión e incorpora sustantivamente a las mujeres en la vida pública. Más allá de lo numérico, se trata de una nueva forma de organización de la sociedad, en que las responsabilidades del espacio público y privado sean compartidas.
La propuesta en votación es un avance fundamental en términos del derecho a la participación, pues permitirá que exista mitad de hombres y mujeres en las candidaturas a todos los cargos de representación política y garantizará que los espacios de decisión del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y de los partidos políticos sean paritarios. Del mismo modo, establece que las disidencias y diversidades sexo-genéricas tendrán una participación efectiva en estas instituciones, sumando también la obligación del Estado de promover la paridad en el sector privado.
Estas disposiciones son de suma relevancia si consideramos que la presencia de mujeres en espacios de poder sigue siendo una excepción. En efecto, las mujeres no superan el 20% en el Senado y en las alcaldías, y sólo representan un tercio en la Cámara de Diputados/as y en las concejalías. En el mundo privado, los números no son más auspiciosos pues las mujeres en cargos directivos de empresas privadas alcanzan apenas el 7,7%. Estas cifras hablan de una organización social excluyente y de lo ineficaces y tardías que han sido las medidas tomadas hasta ahora para corregir este problema.
La encuesta realizada en octubre de 2021 a mujeres de todo el país por “Nada sin Nosotras” da cuenta del amplio apoyo que concita incorporar la paridad en el nuevo texto constitucional. Así, un 55,7% de las encuestadas señaló estar muy de acuerdo con incluir disposiciones orientadas a garantizar un mayor número de mujeres en cargos de representación política en la Constitución, mientras el 36,8% manifiesta estar de acuerdo con esta medida, sumando un 92,5% de respaldo.
Llamamos a las y los convencionales a estar a la altura de la oportunidad histórica que significa superar uno de los principales déficits democráticos de nuestro país, la sub-representación sistémica y estructural de la mitad de la ciudadanía de los espacios de decisión.
Apoyar la paridad significa brindar un marco general de reorganización del poder y de plena inclusión de los derechos de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. Se trata de una demanda histórica del movimiento feminista y de mujeres, cuya incorporación en el texto constitucional aumenta las probabilidades de aprobación de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre.
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