En estos días se discutirá sobre cómo la salud quedará expresada en nuestra nueva carta fundamental. Espero no se mezclen los grandes objetivos que son propios de una Constitución, con los instrumentos que son materia legislativa.

La pregunta esencial radica en qué debe ser resuelto en el ámbito de la salud. La respuesta donde hay mayoritario consenso, es que por una parte las profundas inequidades en las condiciones de vida determinan fuertemente los resultados en bienestar y en la calidad de la vida, por tanto, en salud.

Por otra, el tamaño de la billetera, dada la segmentación de nuestro sistema y que, determina las condiciones de acceso a los servicios. Finalmente, el poder en salud no está radicado en las personas y las comunidades, sino en la industria, el mercado, las corporaciones, etc., por lo que la persona en salud no es sujeto sino objeto.

Si nos concentráramos en lo esencial, entonces la nueva Constitución debería señalar que es papel del Estado asegurar condiciones de vida a todas y todos que posibiliten el máximo nivel de bienestar y de salud (lo que se ha venido a llamar el “buen vivir”). Asimismo, que es responsabilidad del Estado asegurar acceso universal, sin discriminación ni barrera alguna a servicios integrales (biopsicosociales, en todo el curso de la vida y sin quiebres en el continuo de los cuidados), y de calidad a todas y todos según su necesidad, donde el poder este radicado en las personas y las comunidades, cuidando entre otros, de los aspectos de género e interculturalidad.

Hasta ahí estamos bien, allí está lo esencial. El problema es que se quiera fijar constitucionalmente la forma instrumental de lograrlo, lo que puede generar fuerte disenso, en términos si deberá haber un sistema único de salud exclusivamente estatal y excluyente de los prestadores privados, o si debiera ser así o asa en términos operativos.

Si se quiere asegurar lo esencial y que una gran mayoría apruebe el plebiscito de salida, es de esperar que no se caiga en la tentación de colocar temas que debieran dejarse a las futuras legislaciones, ya que lo importante es concentrarse en eliminar los actuales cerrojos de la Constitución de 1980, para avanzar hacia un sistema equitativo, solidario y realmente universal, que pueda en la práctica materializar el derecho a la salud.

Osvaldo Artaza
Exministro de Salud, Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Universidad de Las Américas
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