En las últimas semanas, la Convención Constituyente nos ha dado temas para estas columnas a fin de analizar diversas ideas que han surgido en sus distintas comisiones, como la nacionalización de las empresas mineras, fijación de precios y ahora último el desarrollo de empresas públicas en diferentes áreas.
Respecto a la nacionalización, hay que precisar que no porque lo haga el Estado, éste puede robar, sino que se debe fijar una indemnización razonable, llegando a un acuerdo con quien se le quita la propiedad. Pues si no se logra este acuerdo, podríamos llegar al absurdo de lo que era Venezuela en su tiempo, cuando Hugo Chávez estaba en un lugar y preguntaba “¿De quién es esa tienda?” Y a continuación decía: EXPRÓPIESE.
El Estado está al servicio de las personas y no al revés, por ende, no se pueden permitir abusos de parte de éste.
Por ello, en primer lugar debemos tener claridad sobre que el Estado tanto para nacionalizar, como para iniciar actividades empresariales, requiere recursos. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿de dónde salen estos recursos? La respuesta más lógica es que desde el Estado, pero nunca damos el paso a la siguiente pregunta: ¿Quién financia al Estado?
El Estado se financia en gran medida con nuestros impuestos. En la mañana, al abrir los ojos tú ya pagaste impuestos. La cama en que duermes, el desayuno que comes, todos esos productos pagaron IVA. Si antes de llegar al trabajo pasas a comprar un café, ya sea en la calle o en un local establecido y aunque no te den boleta, ese IVA llegará al Estado, porque es seguro que a esa persona que vende, al comprar le dieron boleta.
Por ende, si la empresa del Estado llegase a tener pérdidas, esas pérdidas tendríamos que financiarlas por medio de nuevos impuestos. ¿Estamos dispuestos a pagar más impuestos?
Es necesario que avancemos hacia una mayor conciencia tributaria y ya se dio un paso con la separación del IVA en la boleta. Un siguiente paso debería ser la publicación de los precios sin IVA, de modo que las personas al llegar a la caja sepan que de los 11.900 que le cobran, 1.900 corresponden a impuestos para financiar la labor del Estado.
Si logramos tomar conciencia de que el Estado y sus funcionarios deben estar al servicio de las personas, podremos exigir a las autoridades una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.