Las centenas de miles de familias, mayoritariamente adscritas a Fonasa, que residen en las comunas de Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa, Colina y Til Til, zona norte de la región Metropolitana de Santiago, solo disponen del hospital público San José para atenderse. Como el actual gobierno, para variar, cometió una garrafal equivocación para decidir su localización, hace 14 meses, tuvimos que publicar una columna al respecto, en la cual se dieron a conocer con lujo de detalles los inconvenientes de que ese centro de salud se ubicara en un terreno rural de la comuna de Colina por estar muy lejos de sus usuarios: enfermos, médicos, enfermeras, personal administrativo, etc., etc. Dicho terreno no apto para el emplazamiento de un hospital fue comprado en un alto precio, vía trato directo, por la denominada Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina a una afortunada señora, a pesar de que conforme a la normativa del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) en ese predio agrícola era imposible construir el hospital.

Lo que hizo esa corporación funcional fue especulación inmobiliaria pura y dura, pues las autoridades municipales supusieron que esa normativa del PRMS sería modificada más adelante para factibilizar la construcción del hospital y así consolidar un pingüe negocio.

Es lo mismo que hizo la nuera de la ex Presidenta Bachelet cuando, con su socio, compraron un terreno rural en Machalí, con la expectativa de que las autoridades de la 6a. región de O´Higgins desplazarían el límite urbano, pero este caso de Colina es mucho más grave porque esa corporación destinó UF 100.000 de dinero público en la compra de un terreno agrícola de 5 ha, recursos que debieron utilizarse para los fines que le son propios a esa corporación.

Por instrucciones superiores, se inició esa modificación del PRMS para cambiar el uso del suelo en el sector y así permitir que se construyera allí el hospital, procedimiento que fue gestionado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Manuel José Errázuriz, funcionario público que se ha caracterizado por actuar como un hábil negociador de proyectos inmobiliarios inviables, como el de Chaguay en la comuna de Lo Barnechea.

El funcionario abogado Errázuriz acumula un listado de autorizaciones irregulares que incluso desobedecen dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República y en el caso que se relaciona con este terreno de Colina, a pesar de las advertencias que le hizo formalmente la Contraloría, siguió adelante en la tramitación sin considerar que la modificación del PRMS es contraria a la Estrategia Regional de Desarrollo y, por lo mismo, el Gobierno Regional Metropolitano no podía aprobarla.

El Gobierno Regional Metropolitano encabezado por el gobernador Claudio Orrego (DC), a pesar de que la Contraloría también lo informó de la ilegalidad de la modificación del PRMS, y posiblemente desconocedor de la legislación ad hoc y peor aún sin disponer de competentes asesores en la materia, o en último caso, presionado por la actual alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI), autorizó la modificación del PRMS que le presentó Errázuriz, actuación que fue debidamente publicitada como un logro en la prensa.

Nos extrañó sobremanera que Orrego se hubiera prestado para autorizar esa modificación, pues ella tendrá que someterse al trámite de Toma de Razón y allí la Contraloría deberá representarla (rechazarla), tal como advirtió esa entidad de fiscalización a todos los organismos competentes hace muchos meses atrás. El flamante nuevo gobernador y los consejeros regionales que aprobaron la modificación, posiblemente sin percatarse de sus graves consecuencias, tienen responsabilidad administrativa en el asunto, pues procedieron en tal sentido a pesar de las previas advertencias de la Contraloría.

La actual alcaldesa de Colina, por su parte, tendrá que enfrentar la investigación en curso de la Contraloría por la compra del predio rural en casi USD 4 millones, un muy pesado legado del ex alcalde Olavarría. Ella si desea zafarse del problema debería actuar rápidamente rescindiendo el contrato de compraventa del terreno agrícola, pues si no lo hace, le ocasionará un elevado detrimento al patrimonio de la municipalidad, lo que configuraría un notable abandono de deberes. En esta oportunidad le recomendamos que se asesore con buenos abogados, ya que el asunto es bastante espinudo.

Finalmente, dado que la ministra y el subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches y Manuel Monsalve, son médicos, y que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ingeniero Juan Carlos Muñoz, por el ejercicio de sus profesiones, saben sobradamente que es indispensable para la población que exista cercanía y fácil acceso en transporte público al hospital, podemos suponer que cuando asuman sus cargos en marzo próximo “ordenarán la casa”, rectificando la errónea decisión del actual gobierno, cuyos ministros sectoriales livianamente aceptaron el lobby del anterior alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), hoy rutilante delegado presidencial en la provincia de Chacabuco. Queda claro entonces que ese político intentó pasar a la historia como el promotor principal del hospital en Colina, pero fallaron sus movidas.