Uno de los grandes problemas del Sistema de Pensiones es la baja tasa de reemplazo de quienes reciben pensiones contributivas (financiadas con cotizaciones), y la PGU permite complementar los ingresos de tales pensionados en forma significativa.

Se trata de un cambio relevante en nuestro Sistema de Pensiones, probablemente el más importante desde la reforma previsional de 2008.

La rápida tramitación y el consenso alcanzado entre los distintos actores del proceso legislativo son también una buena noticia, sobre todo después de un periodo donde el Congreso había dado pocas muestras de seriedad. ¿Qué permitió esta rápida tramitación? ¿Cabe esperar que esto se repita en el futuro?

Un elemento que permitió el rápido avance de esta ley es el consenso que existía sobre la medida. No olvidemos que la Pensión Garantizada Universal (o iniciativas muy similares), estaba incluida en el programa de casi todos quienes participaron de las elecciones presidenciales del año pasado.

Por el lado del financiamiento, si bien hubo una discusión más intensa (que por momentos hizo dudar de su aprobación), se ha venido construyendo desde hace bastante tiempo un consenso acerca de la necesidad de eliminar exenciones tributarias (incluyendo un trabajo muy detallado realizado por una comisión de expertos y expertas convocada por el exministro Briones), lo que permitió finalmente eliminar algunas exenciones que se arrastraban históricamente en el sistema tributario chileno, sin una justificación económica que respaldara su mantención.

¿Qué implicancias tiene esta rápida tramitación para las reformas previsionales y tributarias que se empezarán a discutir en los próximos meses? En ambos casos, el escenario será muy distinto. Salvo en lo referido al aumento de la tasa de cotización, existe muy poco consenso con respecto a cómo reformar el pilar contributivo del Sistema de Pensiones y al rol que tendrán los sectores público y privado en un eventual nuevo sistema.

En el ámbito tributario, el programa del Presidente Boric propone distintas medidas para aumentar la recaudación, incluyendo la eliminación de exenciones. Si bien todavía existe espacio para tales medidas, lo cierto es que las que permanecen (incluyendo la renta presunta y el impuesto al diésel), han demostrado ser “duras de matar”.

Por otra parte, los grupos de interés que las defienden no tendrán que lidiar con la dificultad de estar planteándose directamente en contra de una política altamente popular como la PGU.

Los otros mecanismos propuestos en el programa de Boric (incluyendo el impuesto a los súper ricos), no generan consenso y existen dudas sobre su real potencial de recaudación.

La discusión será, sin duda, intensa a partir de marzo. Es muy probable que lo que vimos este mes haya sido una anomalía y que no volvamos a ver una tramitación tan rápida.

No obstante, la experiencia de la PGU muestra que sí es posible avanzar en proyectos que mejoran el bienestar de la población y que reducen las inequidades e ineficiencias existentes en nuestro actual sistema tributario.