Es digno de destacar que en nuestro país se conmemoren días donde se promuevan los derechos humanos y la eliminación de la violencia contra la mujer, sin embargo, ambas conmemoraciones se conjugan frente a una dura y triste realidad, pues si bien hemos tenido avances en la defensa de derechos femeninos, no deja de llamar la atención que en el 2021 hayamos sido testigo de violencias tan graves y naturalizadas en contra este género.

Según un estudio de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida, dejando en evidencia lo que muchas ellas enfrentan a diario en nuestro territorio. En este contexto, la economía no queda fuera. El 9 de diciembre pasado, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) publicó un estudio que evidenció el pago adicional que realizan las mujeres por idénticos productos usados para la misma función que los hombres, conocido como el impuesto rosa.

Así las cosas, debemos robustecer el Ministerio de la Mujer, incentivando más políticas de Estado que se ocupen de educar a nuestra sociedad en torno a eliminar la discriminación y violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, lo que no pasa por tener buenas intenciones, sino por un imperativo jurídico.

La no discriminación es uno de los cuatro pilares de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por Chile en 1990, es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución y, por supuesto, es un derecho humano. Pensar una cosa distinta no hace más que evidenciar lo lejos que estamos de lograr estos objetivos y de eliminar estas agresiones.