La aparición de la variante Omicron ha encendido nuevas alarmas mundiales. Pero esto no debiera sorprendernos, puesto que era esperable ante la acelerada capacidad de mutar del virus. A pesar de contar con vacunas seguras y eficaces hace ya más de 12 meses, la producción y distribución de las dosis, lejos de responder a una lógica de equidad y acceso universal, continúan regidas por las leyes de la oferta y demanda, en el contexto de un marcado nacionalismo de las vacunas, por el cual las pocas vacunas disponibles, además, se han distribuido mayoritariamente en un pequeño grupo de países.

Esta inequitativa e injusta distribución global de las vacunas prolonga la pandemia y ubica a los países periféricos en un “apartheid de vacunas”. El problema es que, cuanto más se prolongue la pandemia, más chances hay de la aparición de nuevas variantes que puedan poner en riesgo la efectividad de las vacunas, lo que se traduce en más y más muertes. Sumado al agravamiento del impacto social, en un contexto de enorme atraso en la recuperación económica que implica esta crisis sanitaria sin precedentes, y que ya lleva casi dos años.

Ante este escenario, India y Sudáfrica presentaron en octubre 2020 una propuesta en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), solicitando la exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos, vacunas, y productos sanitarios durante la pandemia. Esta iniciativa lleva más de un año bloqueada, por el voto en contra de las principales potencias, que son quienes han acaparado más del 80% de las vacunas.

Tampoco han logrado grandes avances otras iniciativas globales para ampliar el acceso a vacunas e insumos para los países de bajos y medianos ingresos, como es el caso del Mecanismo COVAX, que hasta ahora ha podido distribuir sólo el 20% de las vacunas prometidas.

El Covid-19 nos muestra que las enfermedades no conocen fronteras y que hay temas de salud urgentes que deben ser abordados de manera conjunta. Esto nos da la oportunidad de reflexionar en torno a la importancia de la cooperación internacional en salud, y en particular la cooperación Sur-Sur, la cual puede ser una potente herramienta epidemiológica, a través de una mirada crítica y abordajes innovadores. El anuncio de la CEPAL sobre la necesidad de construir un nuevo pacto social en América Latina y el Caribe que ponga fin a las profundas desigualdades que afectan a la región es un paso fundamental en este sentido.

El debate en torno a qué agenda de salud necesita nuestra región, y de qué herramientas dispone en base a sus problemáticas y capacidades específicas, aún está abierto y está a la espera de que los países del sur avancen en la generación de espacios propicios para la discusión, la reflexión y la acción.

María Belén Herrero
Integrante del proyecto CLAR2030
Investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y en el Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina