La polarización en la que ha caído esta segunda parte de la campaña presidencial ha traído consigo una densa neblina que no permite ver el trasfondo de las propuestas de los candidatos en materias tan relevantes como salud. Y es que cuando en el país se debaten dos modelos de administración de salud -uno cien por ciento estatal y otro mixto-, se hace necesario “aterrizar” conceptos y proponer alternativas ajustadas a la realidad del país.

El modelo denominado “Seguro Social de Salud” es uno donde el acceso a las soluciones está garantizado en forma oportuna, de manera digna, de calidad, con una atención centrada en las personas y con la urgencia inmediata que el usuario siempre requiere.

En éste, los ciudadanos acceden a un plan universal que cubre todas sus necesidades, es decir, el contenido del plan es único para todos, independiente de si el asegurador escogido por el usuario es público o privado. En este modelo, la accesibilidad es amplia, los riesgos de salud se compensan y no hay discriminación por riesgos, edad o género.

Por su parte, los aseguradores, a través de una metodología de incentivo asociado al buen desempeño, compran a las instituciones públicas o privadas, las mejores soluciones de salud con el objetivo de beneficiar al usuario; es decir, el paciente -independiente de si su asegurador es público o privado-, siempre recibirá la mejor prestación que el sistema ofrezca en ese momento.

Actualmente este modelo está presente -con las particularidades de cada país- en Alemania, Holanda, Suiza, y Bélgica, entre otros y, en sus experiencias, los planes -que cuentan con un contenido único para todos -, permiten que la prestación pueda ser entregada por un centro público o privado, dependiendo de la oferta que proponga el prestador, privilegiándose así la libertad de elección.

Respecto del precio, éste se fija de acuerdo al riesgo de salud de la persona y reflejará las preferencias de los usuarios respecto a una red de prestadores preferentes, considerando siempre la relación entre el precio del plan y el tope de gasto que la persona escoja.

Para llegar a este ideal, Chile debe avanzar progresivamente y no buscar implementar un modelo que termine con el otro. Llegar al esquema antes propuesto requiere, si o si, de tiempo y preparación. Implica una reforma profunda a las Isapres y a la vez, un reforzamiento del Fonasa, porque de la sana competencia de ambos sistemas -en igualdad de condiciones-, se logra la complementariedad y, en definitiva, el mayor beneficio para las personas.