La presentación ante la CIDH realizada por la Jueza Mónica Jeldres y Branislav Marelic, denuncia que en Chile los niños, niñas y adolescentes que están ingresados al CREAD de Pudahuel se encuentran en una situación de abandono judicial, expuestos a desescolarización, con acceso a drogas ante el comercio existente en las inmediaciones del centro de SENAME, así como la existencia de redes de explotación sexual que siguen a los niños y niñas. Reclaman que se están tomando decisiones en cada caso sin escuchar a los niños en los procesos judiciales.

Por otro lado la encuesta de Polivictimización de NNA de 2017 realizada por la Subsecretaría de la Prevención del Delito, sobre un universo de 19.867 alumnos de séptimo a tercero medio, en un total de 699 establecimientos educacionales, en las quince regiones del país, determinó la magnitud y el nivel de exposición a la violencia que están expuestos, junto a niveles de polivictimización.

Es importante preguntarse, ¿Qué pasa con los procesos de traumas acumulativos que sufren los niños, niñas y adolescentes cuando son víctimas? El informe señala que están expuestos a 32 tipos tipos de victimizaciones, las cuales agrupa en torno a 6 dimensiones, como son los delitos comunes, el maltrato o negligencia por cuidadores, violencia por parte de pares, violencia sexual, con entornos violentos, violencia digital o a través de internet. Está comprobado que a medida que aumenta el número de victimizaciones sufridas por los niños, de producen mayores síntomas depresivos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado sobre como influye la violencia en esas personas en varios aspectos de su vida en la etapa adulta?

El mismo estudio arrojó que al menos el 10% del universo de la muestra tiene más de 14 polivictimizaciones, entendiéndose estas como el proceso de trauma acumulativo que sufren aquellos individuos expuestos a múltiples tipos de violencia a lo largo de sus vidas.

Por otro lado la Policía de Investigaciones, hizo un balance del primer trimestre de este año 2021, ad portas de la ley de entrevista videograbada. Los tres primeros meses de este año la PDI registró 1686 víctimas y denunciantes de delitos sexuales, cifra que representa un aumento del 5% en relación a los 1598 casos del año 2020 cuando comenzó la Pandemia. El delito más frecuente es el “abuso sexual de mayores de 14 años, por sorpresa y/o sin consentimiento” el cual aumentó un 113%, en tanto el abuso sexual impropio a menores de 14 años es el tercer delito con mayor registro, con 115 casos contabilizados el primer trimestre de este año 2021. De ese universo, el 85% son mujeres.

En este contexto el SENAME mandatado por el Ministerio de Justicia ha decidido cerrar los Programas de representación jurídica para niños, niñas y adolescentes victimas de delitos y graves vulneraciones, mas conocidos como PRJ. Se trata de 17 programas que estaban instalados de Arica a Magallanes, uno de estos programas incluso tenía enfoque para pueblos originarios en la Araucanía. Cada PRJ contaba en promedio con 5 abogados y abogadas, trabajadores sociales y técnicos jurídicos que se preocupan de llevar los casos de violación o abuso sexual a juicio y obtener condenas ejemplarizadoras, asumían como curadores ad litem en casos complejos, en coordinación con la OPD pedían cautelares a los tribunales para sacar al adulto agresor de la casa impidiendo que esas niñas niños y adolescentes fueran a parar en muchos casos a una residencia de SENAME, fueron los primeros en presentar querellas criminales por casos de torturas en el Cread de Playa Ancha y sistema residencial en general.

Otro antecedentes, el reciente estudio a nivel nacional realizado por la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones sobre las Curadurías Ad Litem determinó que 36.764 NNA se encuentran sin representación jurídica en este momento.

La Unión Europea desde hace más de veinte años viene desarrollando una política de tratamiento de las víctimas, esa es la tendencia mundial. Este orden de ideas constituye un marco con un escenario de violencia al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en Chile, esto demanda funcionarios públicos y autoridades que sean conscientes del momento crítico que se vive, más aún producto de la pandemia.

Hemos podido comprobar que existe una ausencia de compromiso y visión de largo plazo, una desidia al tratar este tema en el Ministerio de Justicia. El proceso de cierre de los PRJ, ha sido vergonzoso, en vez de apostar por fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo, se decide dar por terminado un modelo de intervención exitoso. Llama la atención la actitud más bien silente de la Defensora de la Niñez sobre este tema. Es lamentable pero en la instalación de la nueva institucionalidad falta una visión estratégica, quienes han impulsado el cierre de los PRJ, se amparan en que la nueva ley no incluía estos programas, sin embargo no se respetaron los convenios que estaban vigentes. Los casos fueron derivados al programa Mi abogado (cuyo perfil de intervención es para NNA del sistema residencial) y a otros dispositivos lo cual ya está provocando abandono de querellas criminales y audiencias por falta de capacidad para llegar a tiempo en esas causas, en otras palabras se está haciendo colapsar otros dispositivos, o por ejemplo dejando los casos de adolescentes que cumplieron la mayoría de edad sin representación jurídica para bajar el volumen de causas.

Esta decisión golpea la instalación de la ley de entrevista videograbada, debido a que los Jueces de Garantía no podrán contar con estos programas de abogados especializados en todas las regiones para su debida implementación. En definitiva se deja en la desprotección jurídica a la infancia y adolescencia por falta de previsión en el diseño de la nueva institucionalidad, y todas las acciones posteriores del Ministerio de Justicia como un oficio a Hacienda solicitando nuevos recursos al termino de este gobierno, o coordinaciones con el Poder Judicial, no tuvieron en su oportunidad enfoque de derechos de infancia, ni tampoco guardan coherencia con la decisión de terminar un modelo de intervención que entregaba cobertura universal de representación jurídica especializada desde Arica a Magallanes.