El deterioro de nuestra economía crece a pasos agigantados y en lo particular vemos como en los últimos días el riesgo de Chile – que en algún momento llegó a ser el más bajo de LATAM – está similar al que presentan países como Perú o México. Naciones que en algún momento nos miraron como ejemplos en la región.

En los últimos días, el CDS de 10 años alcanzó los 130 puntos (Perú 135 puntos y México 145). En términos sencillos, cada vez que nuestro gobierno requiera endeudarse en el exterior, los inversionistas le exigirán 1,35% más que la tasa del tesoro americano (tasa libre de riesgo).

Las implicancias de lo anterior son muchas. A continuación, comentaré algunas que considero especialmente relevantes para la situación actual del país.

Lo primero, es que, a pesar del excelente precio del cobre, el deterioro del riesgo país se ve reflejado en el nivel alcanzado por el tipo de cambio, dando muestras de la debilidad que presenta nuestra economía. Seguramente antes de las elecciones, veremos el dólar cercano a los $850, y no descarto que en los próximos 12 meses alcance los $900. Lo segundo, es la existencia de una alta probabilidad de que en los próximos meses las agencias de riesgo bajen la clasificación de nuestro país, a niveles similares a los que presenta actualmente el Perú. En marzo de este año, S&P bajó nuestra clasificación desde A+ a A. Lo anterior, no tendría importancia alguna si es que nuestro país no requiriese acceder a los mercados externos para levantar deuda, pero hoy más que antes, esto será de vital importancia, ya que nos hemos quedado sin ahorros y con una deuda externa que hay que financiar, siendo esta cada vez más importante como proporción de nuestro PIB.

En las últimas semanas todas las colocaciones corporativas se han realizado en el exterior, ya que internamente no hay demanda por parte de las AFP – ni tampoco por parte de las Compañías de Seguros – como resultado de la menor cantidad de fondos administrados como consecuencia de los retiros. Adicionalmente, hemos visto que el mayor riesgo que se percibe de nuestro país ha impactado en una fuerte caída en la demanda por parte de los inversionistas extranjeros. Si antes teníamos que por cada dólar a colocar en el exterior existía una demanda equivalente a 5 veces lo ofertado, en la actualidad la demanda no supera las 1,5 veces. A diferencia de años anteriores, estamos viendo colocaciones récords de deuda en el exterior, superando con creces lo observado en años anteriores.

La menor demanda por parte de los institucionales de instrumentos emitidos por parte de los bancos que deben financiar colocaciones de largo plazo como son los créditos hipotecarios, está afectando al ciudadano de la calle, ya que las entidades financieras han dejado de ofrecer créditos hipotecarios de 30 años y muy posiblemente en el corto plazo veremos que estos no serán superiores a 15 años plazo.

Los retiros de las AFPs han afectado el nivel de tasas de interés, las que han escalado en los últimos meses. Así, por ejemplo, los créditos hipotecarios a 20 años pasaron desde 1,8% a 5,0 % en los últimos meses. En cuanto a los plazos, estos se han acortado y algunos bancos han comenzado sólo a cotizar “tasas mixtas”, es decir tasas fijas hasta 5 años, para luego ir fijando la tasa cada año en función de las condiciones que presente el mercado. En resumen, ahora el cliente o deudor toma el riesgo de tasas de largo plazo. En la actualidad el aumento de tasas, la baja en los plazos de financiamiento, y el no tener claridad de la tasa de financiamiento de largo plazo comienza a afectar al ciudadano de la calle.

Todo lo anterior son datos económicos duros. Pero el origen del problema no es económico sino político. Podríamos hablar de las razones no económicas de la economía: si la política ya venía deteriorándose desde antes del Estallido Social, luego de esté el default de liderazgo se hizo evidente.

La irrupción de una ciudadanía crítica y molesta sólo confirmó la crisis de instituciones como partidos, congreso y ejecutivo. Estos, en vez de conducir las legítimas inquietudes y problemas, optaron por sacar réditos de corto plazo, buscando cada grupo la aprobación de su bolsón de votantes antes que los necesarios equilibrios entre cambio y orden de cara al bien común.

Asuntos sensibles como las pensiones y la salud pública se atascaron por años en un cuello de botella político, incapaz de reformar para conservar.

Tomamos nota que el estado de la economía depende críticamente de la salud del sistema político. Dicho de otro modo, la mala política le saldrá muy cara al país en el corto plazo.

El ciclo que inaugurará la Nueva Constitución será responsable de un equilibrio virtuoso entre técnica, política y demandas ciudadanas en pro de mayor equidad. Algo de eso es lo que vimos a comienzos de la década de los 90. Un sistema con la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación, que premiaba los grandes acuerdos. Temas como el mega desafío medioambiental, a propósito de la COP 26, solo podrán abordarse en ese tipo de clima de consensos, muy lejos del que vivimos hoy. Pero ese ya es tema para otra columna.