El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es un antiguo organismo público que ejerce sus atribuciones en defensa del interés de la nación, entre otras cosas, combatiendo la corrupción en instancias judiciales y por ello, en el ámbito de la explotación del recurso suelo, le hemos reconocido sus actuaciones pasadas en 1.- contra de Los Legionarios de Cristo que botaron escombros en el área verde Cerro del Medio en la comuna de Lo Barnechea, 2.- contra varios privados que construyeren viviendas en la quebrada de Huallalolén en la misma comuna y 3.- contra del actor inmobiliario Arturo Lyon, quien estaba eliminado abundante bosque esclerófilo para llevar a cabo un loteo ilegal en la parte alta del cerro Lo Curro, comuna de Vitacura, territorio definido como área de preservación ecológica en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Dicho empresario, con su Sociedad de Inversiones y Rentas San Arturo, estaba subdividiendo su terreno en parcelas de 5.000 m2 para edificar en ellas viviendas de lujo.

Estos 3 casos llegaron a la Sala Constitucional y Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, máxima instancia que, como era de esperar, acogió los sólidos planteamientos legales del CDE y condenó a los infractores que ocasionaron innumerables daños ambientales en esos sectores protegidos por el Estado.

Pero extrañamente, a pesar de las evidencias que la opinión pública sobradamente conoce, a esta fecha el CDE todavía no procede conforme a su rol de custodio del interés fiscal en un episodio similar y en otro más grotesco, ambos publicados con anterioridad en esta tribuna, los que a continuación damos a conocer:

Privados ambiciosos desean obtener plusvalías patrimoniales vulnerando la protección que tienen los territorios excluidos al desarrollo urbano

Cuatro empresas que todo lo miden por las plusvalías que obtendrán con la explotación comercial del recurso suelo rural en la zona oriente de la región metropolitana de Santiago iniciaron obras de construcción de proyectos inmobiliarios en unos cuantos miles de hectáreas en las comunas de Lo Barnechea y Colina, sin permisos de nadie, aunque sí valiéndose de oficios truchos de algunos servicios públicos.

Sus iniciativas se ejecutan en áreas de preservación ecológica del PRMS en las cuales no se admiten las subdivisiones prediales y los proyectos permitidos son solo aquellos que respetan la naturaleza. Es más, el artículo 8.3.1.1 del mencionado instrumento normativo no permite la construcción de viviendas y por ello, en el pasado reciente, como ya se dijo en el primer párrafo, el CDE en algunos casos detectados por fiscalizaciones ciudadanas, interpuso acciones en la justicia con sentencias favorables por parte de la Corte Suprema.

El negocio en la comuna de Lo Barnechea se llama Chaguay, cuyo titular es la inmobiliaria EBCO de Hernán Besomi, quien recibió de Icare el premio al mejor empresario del año 2021 (sic), quien astutamente para viabilizar su proyecto contrató como lobbysta al ex parlamentario y ex ministro Pablo Longueira, pues con los contactos de éste en las altas esferas del poder la tramitación sería fácil. Para manejar los asuntos técnicos llamó al arquitecto Francisco Baranda, quien se desempeñó por muchos años en el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y por lo tanto, suponía el inversionista, que dicho “experto” iba a solucionar los aspectos que impone la burocracia.

Los proyectos inmobiliarios en la comuna de Colina se llaman Mirador Pie Andino, de Diego Errázuriz y Juan Pablo Délano, hijos respectivamente del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y de Carlos Alberto Délano, el empresario top amigo de Piñera que, por la causa Penta, tuvo que asistir a clases de ética en una universidad privada. Los otros 2 proyectos se denominan La Cumbre Oriente y Hacienda Guay Guay.

Como las instituciones administrativas, Minvu, Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), todos los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, que debieron intervenir por el daño ambiental que estaban ocasionando estas 4 empresas, brillaban por sus ausencias, fue necesario solicitarle al CDE que ejerciera su rol cautelando el interés fiscal y en tal sentido, desde diciembre del año 2020 le denunciamos el hecho. Como no había respuesta, el 26 de octubre recién pasado, le enviamos una nueva y más contundente presentación a su presidente y a todos sus consejeros.

Este columnista supone que el CDE, tal como lo ha hecho en el pasado, adoptará la sana decisión de ir a la justicia, persiguiendo las responsabilidades penales de las aludidas 4 empresas, tal como lo indica el artículo 54 de la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

Sagaces inversionistas inmobiliarios en la comuna de Estación Central

Mientras Rodrigo Delgado era alcalde de Estación Central, la opinión pública supo de la existencia de más de 70 permisos de edificación cursados ilegalmente entre los años 2013 y 2018 por el director de obras municipales (DOM) a diferentes constructoras que levantaron torres habitacionales de entre 25 y 40 pisos, a pesar de que no se podían edificar por una perentoria instrucción del año 2007 firmada por el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu. Estas invasivas torres tienen entre 400 y 900 departamentos de 25 a 30 m2 c/u, acogidos a los innumerables beneficios tributarios del DFL2, cuyos propietarios en un alto porcentaje se los arriendan a personas extranjeras y nacionales.

La prensa denomina a estas moles como guetos verticales y a raíz de denuncias formuladas por asociaciones de vecinos de esa comuna, el Minvu los declaró como contrarios a derecho, lo que fue confirmado por la propia ex ministra del ramo Paulina Saball y distintos dictámenes de la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que ordenó a ese municipio que se paralizaran sus obras, se iniciaran las invalidaciones de esos actos administrativos y se instruyeran los sumarios respectivos, para que se determinaran las responsabilidades funcionarias.

A pesar de que todas esas edificaciones, por tener más de 300 viviendas, debían someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), muchas de ellas no lo hicieron, violando entonces el artículo 10° de la ley respectiva y lo que es más grave, la DOM no notificó la emisión de los permisos a las Juntas de Vecinos de los sectores en donde los proyectos se emplazan, ni tampoco al Concejo Municipal, tal como lo ordena con suma claridad la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Algunos de esos edificios ilegales cuentan con recepciones finales de obras, para que así fueran habitados sus diminutos departamentos y como estamos ante evidentes hechos ilegales consumados, de los miles que existen en nuestro país, tuvieron que ser 6 ciudadanos informados, Miguel Lawner, Antonio García, Alejandro Verdugo, Miguel Prieto, Jonás Figueroa y este columnista, los que interpusieron una querella en el juzgado de garantía de Santiago por el delito de prevaricación administrativa, causa que ahora está radicada en la Fiscalía Centro Norte.

Conclusión

Esperamos que, en ambos episodios, aunque sea tardíamente, el CDE interponga las acciones judiciales respectivas, pues si no lo hace significará que la lacra de la corrupción la entiende como un mal menor. Pero ello no importará, pues en el delito económico de los guetos verticales en Estación Central, cuyo ex alcalde Rodrigo Delgado tiene mucho que explicar, los mencionados 6 ciudadanos, quienes combaten la corrupción y rechazan la impunidad ya cumplieron, quedando pendiente el enorme daño ambiental ocasionado por los 4 inversionistas en las áreas de preservación ecológica de Colina y Lo Barnechea.