Las acusaciones constitucionales en los sistemas políticos están concebidas como una válvula de escape ante las crisis y se encuentran sustentadas en el principio de responsabilidad constitucional. Por ello, es posible mirar los recientes acontecimientos entendiendo que han operado las instituciones correspondientes, ante a la mirada expectante de la prensa internacional tras conocerse los llamados Pandora Papers.
Aunque el juicio político o impeachment puede operar respecto a diversas autoridades, en este caso, el pasado 13 de octubre se presentó contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y la pregunta es: ¿Qué viene ahora?
Le corresponde a la Cámara de Diputados asumir el rol de acusadora y al Senado el de sentenciador. Para hacer lugar a la acusación, la Cámara de Diputados deberá contar con la Mayoría de diputados en ejercicio (78 votos), y para declarar culpable, el Senado deberá contar con 2/3 de los senadores en ejercicio.
Las causales por las que se puede presentar una acusación contra la máxima autoridad del país son por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. En este caso, ambas fueron invocadas en la reciente presentación, relacionándola con principios como el de probidad. No hay que olvidar que la acusación constitucional es un juicio político, pero no es un juicio sobre delitos o perjuicios particulares, de ello se encargarán los tribunales de justicia.
La comisión de Diputados sorteada, estudia y se pronuncia sobre la acusación, pero es la Cámara de Diputados la que vota si da curso a la acusación. El afectado podrá hacer su defensa y puede, antes que inicie el debate en el congreso, presentar una cuestión previa sobre los requisitos formales.
Si se hace lugar la acusación, se nombrará una comisión de tres diputados para que la formalice ante el Senado. Este conocerá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable. De ser así, queda destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por un plazo de 5 años.
En un sistema presidencialista reforzado, donde existe una preponderancia de atribuciones del Presidente de la República, la acusación constitucional busca funcionar como un contrapeso democrático, por ello, se puede señalar que ha operado el mecanismo que aspira a proteger el principio de gobierno responsable.
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